La reciente decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba el salario mínimo en dos millones de pesos ha desatado una tormenta política en el país. Mientras sectores del Pacto Histórico y candidatos como Roy Barreras e Iván Cepeda califican la medida como un «ataque a los trabajadores» y convocan a movilizaciones sociales, otros líderes defienden la autonomía judicial. La suspensión se basa en presuntas irregularidades técnicas en la expedición del decreto, lo que deja en vilo el sustento de millones de familias a pocos días de la próxima quincena.
Desde la oposición y sectores independientes, las reacciones son divididas. La candidata Vicky Dávila criticó la gestión del Gobierno, calificándolo de «chambón», aunque enfatizó en que a los trabajadores se les debe cumplir sin poner en riesgo la estabilidad empresarial. Por su parte, Juan Daniel Oviedo señaló que la decisión es «inteligente» al obligar al Ejecutivo a respetar las normas legales, sugiriendo la creación de un decreto temporal mientras se resuelve el fondo de la discusión técnica y de productividad.
El debate jurídico también ha escalado al ámbito constitucional. Figuras como Mauricio Lizcano y Daniel Quintero anunciaron que interpondrán acciones de tutela para tumbar el fallo, argumentando una vulneración al Estado Social de Derecho. En contraste, voces como las de Alejandro Jaramillo advierten que un aumento sin sustento en la productividad y con tintes electorales a menos de un mes de los comicios pone en serio peligro el empleo formal y la inversión privada en Colombia.
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Finalmente, la exalcaldesa Claudia López y el expresidente Álvaro Uribe coincidieron, desde sus respectivas orillas, en la necesidad de equilibrar el bienestar del trabajador con la sostenibilidad de las PYMES. El panorama actual sugiere que el 8 de marzo será una fecha clave no solo para las elecciones, sino para definir el rumbo de la política salarial.
