La Nación Paisa ha tenido acceso a un documento del Ministerio de Transporte que revela que la administración de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, no cumplió con los compromisos establecidos en el convenio de cofinanciación para el proyecto Metro Ligero de la Avenida 80. Este incumplimiento ha llevado a que el Gobierno Nacional decida no desembolsar los recursos pactados.
Según el análisis del Ministerio de Transporte, el convenio firmado el 30 de noviembre de 2020 entre el Gobierno Nacional, el Distrito de Medellín y el Metro de Medellín establece estrictas obligaciones de cumplimiento, entre las cuales destaca la implementación de lineamientos de gobierno corporativo emitidos por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la administración local realizó cuatro modificaciones sustanciales a los estatutos de la Empresa Metro de Medellín que, según el ministerio, contravienen el marco jurídico vigente y los términos del convenio.
Advertencias ignoradas por la administración de Gutiérrez
El documento también menciona que la alcaldía fue advertida en repetidas ocasiones sobre las posibles consecuencias de no cumplir con lo pactado. Incluso, funcionarios del Ministerio de Transporte, en una reunión celebrada el 27 de diciembre de 2024, señalaron directamente que las modificaciones realizadas no fueron producto de consultorías previas ni tuvieron un análisis jurídico que las respaldara.
Entre las irregularidades, se destaca que la Junta Directiva de la Empresa Metro de Medellín perdió la facultad de nombrar al gerente general, lo cual contradice lo estipulado en el CONPES 3991. Este documento, que data de abril de 2020, establece que la Junta Directiva es el órgano encargado de dicha función como parte de los requisitos mínimos de gobierno corporativo.
Consecuencias jurídicas y financieras
El Ministerio de Transporte afirma que estas decisiones no solo incumplen el convenio de cofinanciación, sino que también violan normativas clave como la Ley 310 de 1996, modificada posteriormente por las leyes 1955 de 2019 y 2294 de 2023. Este incumplimiento pone en riesgo el desarrollo del proyecto, cuya financiación depende en gran parte de los aportes de la Nación.
Con esta decisión, el futuro del Metro de la 80 queda en entredicho, mientras que la administración de Gutiérrez deberá enfrentar posibles consecuencias legales y administrativas derivadas de sus acciones.
Por ahora, el Gobierno Nacional ha dejado en claro que no entregará los recursos mientras no se subsanen las irregularidades.
