El Ministerio de Defensa enfrenta cuestionamientos por la adjudicación de un contrato de mantenimiento para 17 helicópteros rusos MI-17. Denuncias señalan irregularidades en el proceso, favorecimientos indebidos y empresas sin certificaciones técnicas clave.
En los últimos meses, la asignación de un contrato por 154 mil millones de pesos (US$52 millones) para la reparación de 17 helicópteros MI-17 del Ejército Nacional ha generado fuertes cuestionamientos contra el Ministerio de Defensa. Más del 80 % de esta flota, vital para misiones estratégicas, permanece fuera de servicio debido a la falta de mantenimiento.
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En abril y mayo de 2024, más de una decena de compañías nacionales e internacionales fueron invitadas a la base militar de Tolemaida, Tolima, para realizar evaluaciones técnicas “in situ” de las aeronaves y presentar propuestas para su mantenimiento. Las visitas fueron lideradas por el viceministro de Defensa, Luis Edmundo Suárez, y el director de Logística, Mario Andrés García Camón.
Tras meses de silencio por parte del Ministerio, las empresas participantes se enteraron en noviembre que una firma estadounidense, MI-Series Personnel & Parts LLC, había sido seleccionada. Esto a pesar de no contar con certificaciones ni experiencia técnica suficiente, según lo establecido por el propio Ejército y las regulaciones internacionales.
Inspecciones cuestionadas
En octubre, personal técnico del Ejército fue enviado a las instalaciones de MI-Series en Miami, Florida, con el objetivo de verificar sus capacidades. Sin embargo, la inspección reveló que la empresa no cumplía con los requisitos mínimos para realizar overhauls y mantenimientos mayores a las aeronaves MI-17.
El gerente de MI-Series, Carlos Martín Uribe, solicitó entonces a la Aeronáutica Civil (Uaeac) una ampliación de sus capacidades técnicas para cumplir con las exigencias del Ejército. Esta solicitud fue aprobada de manera acelerada el 20 de noviembre, pese a los hallazgos previos y sin evidencias de mejoras significativas.
Además, una carta enviada por el representante de NHC Mil & Kamov, único fabricante autorizado de los MI-17, advirtió que MI-Series no tiene la autorización ni los conocimientos técnicos para trabajar en estas aeronaves. Este documento se ha convertido en una pieza clave en las investigaciones abiertas por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa.
¿Cuá es el interés del viceministro de Defensa?
El papel de Luis Edmundo Suárez, viceministro de Defensa, ha sido objeto de fuertes críticas. Documentos filtrados muestran que Suárez gestionó de manera irregular el viaje de inspectores de la Aeronáutica Civil a Miami, reduciendo los protocolos habituales de 30 días a solo unas horas. Esta prisa, según las denuncias, buscaba favorecer a MI-Series y garantizar la adjudicación del contrato antes de que concluyera 2024.
El equipo investigativo de NACIÓN COLOMBIA intentó comunicarse con representantes de Aerocivil para recibir alguna respuesta sobre estas inconsistencias, sin obtener respuesta alguna al momento del cierre de esta edición.
El representante a la Cámara, Julio César Triana, señaló que el Ministerio ha mentido sobre el estado de las reparaciones. En debates previos, se había asegurado que nueve helicópteros serían reparados, pero dos de ellos fueron puestos en preservación y el resto sigue inoperativo.
Suárez, quien ya había estado envuelto en polémicas en 2016 tras filtraciones sobre las FARC, ahora enfrenta nuevas acusaciones por presunto tráfico de influencias y favorecimiento indebido. El viceministro se ha defendido alegando que enfrenta “intereses de poderosos intermediarios” que buscan desacreditar el proceso.
Impacto en la flota y el presupuesto
La controversia también ha puesto en peligro la partida presupuestal destinada al mantenimiento de los helicópteros. Con las restricciones financieras del gobierno actual, expertos advierten que una mala adjudicación podría comprometer no solo la operatividad de las aeronaves, sino también la capacidad del Ejército para cumplir con sus misiones estratégicas en 2024.
Los señalamientos también incluyen a la Aeronáutica Civil, que habría facilitado la aprobación de capacidades técnicas para MI-Series sin cumplir con el Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC). Esto plantea dudas sobre la transparencia y rigurosidad del proceso.
Procuraduría investiga
La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa adelanta investigaciones para esclarecer si hubo irregularidades en la adjudicación del contrato. Según fuentes cercanas al proceso, se están analizando los documentos presentados por MI-Series y las gestiones realizadas por Suárez y otros funcionarios involucrados.
Por ahora, el contrato sigue en el centro de la polémica, mientras crece la presión para que el Ministerio de Defensa ofrezca explicaciones claras y tome medidas correctivas.
