La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos contra Andrés Eduardo Gómez Martínez y John Manuel Oviedo Pérez, exalcalde y secretario de Gobierno de Sincelejo, por omitir acciones necesarias para reubicar a las víctimas de desplazamiento forzado en las invasiones Cielo Azul, La Vega y San Miguel.
Esta falta de acción entre 2022 y 2023 llevó a la suspensión indefinida de tres órdenes de desalojo decretadas desde 2021. Según la Corte Constitucional, en su sentencia SU-016 de 2021, los operativos de desalojo deben garantizar un albergue temporal para las víctimas antes de ejecutarse. Sin embargo, la administración municipal no implementó albergues ni gestionó subsidios o apoyo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Esta omisión afectó gravemente el derecho a la vivienda digna de las personas desplazadas, generó una carga desproporcionada para los propietarios de los predios y obstruyó la recuperación de un lote público perteneciente al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Sincelejo.
El Ministerio Público busca esclarecer estos hechos y responsabilizar a los disciplinados por las consecuencias de su gestión en perjuicio de derechos fundamentales y el interés general.
