La Procuraduría General de la Nación presentó pliego de cargos contra ocho docentes adscritos a la Secretaría de Educación de Bogotá por presuntamente utilizar documentos académicos falsos para posesionarse y ascender en sus cargos. Entre los investigados figura María Cristina Vega Fajardo, quien habría presentado títulos universitarios ilegítimos para su nombramiento en el colegio El Japón como docente y orientadora.
Detalles de las investigaciones
El organismo de control indaga si los docentes incurrieron en faltas gravísimas al presentar certificados falsificados de títulos universitarios y posgrados. Entre los implicados se encuentran:
- Natalia Barragán González, quien habría presentado títulos adulterados para obtener un cargo en el colegio Luis López Mesa.
- Yisela Yolima Bautista Valderrama, investigada por presunta alteración de documentos que acreditan una especialización en Gerencia de Talento Humano.
- Johann Marlon Santander, señalado de aportar diplomas inexistentes de especializaciones en pedagogía y psicosociales.
- Cesar Alonso Delgado Benavides, quien habría presentado documentación apócrifa para posesionarse como docente en el colegio Manuel Beltrán en 2023.
- Bertha Cecilia Salamanca Ramírez, investigada por un acta de grado presuntamente falsa como licenciada en Educación Preescolar.
- Cristian Lara Sarmiento, acusado de incluir información adulterada en su currículo sobre títulos en psicología y educación básica.
- Yudi Lesnaida Umbarila Olivares, cuya posesión en el colegio Débora Arango Pérez estaría sustentada en datos no verídicos sobre sus títulos en pedagogía y ciencias sociales.
Además, otros siete docentes en Bogotá están bajo investigación por hechos similares, lo que eleva la magnitud del caso en el sistema educativo de la ciudad.
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Implicaciones legales y disciplinarias
La Procuraduría calificó provisionalmente estas faltas como gravísimas a título de dolo, lo que podría acarrear la desvinculación de los implicados y posibles acciones penales. Estas irregularidades ponen en entredicho la transparencia en los procesos de contratación y la calidad del sistema educativo en la capital.
El Ministerio Público reiteró su compromiso de avanzar en la investigación y sanción de estas conductas para garantizar la ética y profesionalismo en la educación pública.
