La Procuraduría General de la Nación ha ordenado la apertura de una indagación previa contra varios altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno colombiano debido a su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Entre los investigados se encuentran el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González; el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González.
Además, la indagación incluye al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y a varios congresistas, entre ellos Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Juan Pablo Gallo Maya y Germán Rogelio Rozo Anís.
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El Ministerio Público investigará la posible participación de estos funcionarios en una estrategia que habría permitido la entrega de contratos financiados con recursos de la UNGRD a cambio de votos favorables para diversos proyectos de ley y reformas gubernamentales. La actuación disciplinaria busca identificar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de las conductas investigadas, establecer si constituyen faltas disciplinarias y evaluar si los implicados actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
Asimismo, la Procuraduría ha vinculado a la exconsejera Presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, a la indagación en curso, junto con los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés Davids Calle Aguas, quienes supuestamente recibieron dinero de un contrato de la UNGRD para la compra de 60 carrotanques destinados a transportar agua potable a La Guajira.
Esta investigación pone de relieve la determinación de la Procuraduría General de la Nación para enfrentar y sancionar actos de corrupción dentro de la administración pública, garantizando la transparencia y la integridad en el manejo de los recursos del Estado.
