La Fundación Luz y Sonrisas, vinculada a la primera dama Ana Lucía Pineda, respondió a la orden judicial de informar sobre las donaciones para las víctimas del terremoto en Colombia. El senador Alejandro Ocampo considera insuficiente la respuesta y anunció que volverá ante el juez.
Reclamo por las donaciones del terremoto
Ocampo, quien promovió el recurso que dio lugar a la orden, afirmó que la fundación respondió solo uno de los ocho puntos sobre los que, a su juicio, debía pronunciarse. Anunció que presentará un escrito al tribunal e interpondrá un incidente de desacato. Para el senador, el destino de las donaciones debe estar sujeto a rendición de cuentas aunque los recursos sean privados.
El juez había ordenado entregar un informe de gestión claro y preciso sobre los aportes recibidos, administrados, canalizados o distribuidos por la fundación. El recurso se presentó en medio de cuestionamientos de la oposición y algunos medios locales sobre las cifras de las donaciones y la llegada de ayuda a las zonas más afectadas.
Parte de la controversia está en la diferencia entre lo reportado por la fundación y los más de 200 millones de dólares que, de acuerdo con la oposición y algunos medios locales, suman las donaciones anunciadas por el presidente Abelardo de la Espriella en sus redes sociales. Esa cifra corresponde a anuncios de donaciones; no equivale al monto que la fundación afirma haber recibido.
Antes de la respuesta judicial, un informe presentado por Pineda indicaba que 48.000 personas habían recibido ayuda humanitaria, sin detallar de qué tipo. Tampoco desglosaba el dinero ejecutado en los lugares donde resultaron dañadas viviendas, escuelas y hospitales. La oposición y algunos medios locales sostienen que la ayuda no ha llegado a las zonas más afectadas del oeste de Colombia.
Lo que reportó la fundación
En su respuesta, la entidad afirmó que recibió 17 millones de dólares, además de ayudas humanitarias procedentes de Estados Unidos, España y Panamá. El documento señala que destinó el 81% de los recursos económicos a la reconstrucción de instituciones educativas en Cali.
La fundación sostuvo que no recibió ni administra recursos públicos. También afirmó que no ejerce funciones públicas ni presta servicios públicos. Amparándose en la reserva legal de sus libros y documentos privados, no entregó los registros contables, comprobantes ni extractos bancarios detallados que le habían solicitado.
El terremoto del 10 de agosto, de magnitud 7,4, dejó más de 330 muertos y destruyó más de 30.000 viviendas. Pineda había declarado en una entrevista que los recursos se utilizarían en una segunda fase de reconstrucción. La respuesta de la fundación queda ahora ante un nuevo reclamo judicial anunciado por Ocampo.
