La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, pidió al presidente de la República una auditoría forense al FOMAG ante posibles irregularidades en su administración. La solicitud llega tras un diagnóstico de 59 hallazgos y en medio de cuestionamientos al modelo de salud que atiende a los maestros y sus familias.
Alertas financieras y de salud
Hoyos expuso la petición durante un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado. Allí cuestionó los resultados del esquema adoptado mediante el Acuerdo 003 de 2024 y sostuvo que el aumento de los recursos destinados a la atención debería reflejarse en una mayor prestación de servicios. Afirmó, además, que las fallas han afectado derechos fundamentales de los docentes.
El diagnóstico técnico del Ministerio de Educación reúne 59 hallazgos, principalmente financieros y de salud. También registra un patrimonio negativo de $3,198 billones a junio de 2026. Esa cifra describe el balance del Fondo y no equivale a las cuentas pendientes de pago por servicios de salud.
Sobre esas obligaciones, la Superintendencia Nacional de Salud reportó cuentas por pagar superiores a $2,4 billones en servicios, insumos y medicamentos. Cerca de $1,24 billones de ese total, equivalentes al 51 % del pasivo, tenían una mora superior a 180 días con corte al 30 de junio de 2026. La entidad también señaló dificultades para formalizar contratos con prestadores.
La superintendente de Salud, María Andrea Godoy Casadiego, informó que, de 3.934 prestadores registrados en el país, el FOMAG tenía un contrato legalizado. La entidad reportó asimismo 4.053 peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2026. Sus revisiones son distintas del diagnóstico presentado por Educación: en una auditoría nacional de mayo, Supersalud identificó 38 hallazgos sobre contratación, finanzas, prestación del servicio y otros aspectos de la gestión.
Auditoría forense al FOMAG
La ministra planteó la auditoría ante lo que calificó como la posible existencia de una cadena de corrupción alrededor del Fondo. Se trata de una solicitud para examinar su manejo, no de una conclusión sobre responsabilidades. Hoyos también afirmó que el Gobierno encontró problemas procedentes de administraciones anteriores.
En relación con el acceso a documentos, Hoyos dijo que el Ministerio presentó siete acciones de tutela contra la administración anterior para obtener información de Fiduprevisora sobre el contrato de fiducia. La funcionaria informó además que se reunió con la fiscal general para pedir avances en las investigaciones en curso y que adelantó gestiones ante organismos de control.
El modelo de atención vigente comenzó a operar en mayo de 2024 sin los operadores regionales que antes contrataban los servicios. Bajo el nuevo esquema, Fiduprevisora realiza directamente los pagos a clínicas, hospitales y otros prestadores. Docentes de distintas regiones han reportado dificultades para conseguir citas médicas, medicamentos y tratamientos.
El 2 de octubre de 2026, el Consejo Directivo del FOMAG aprobó trasladar $859.000 millones de la cuenta de pensiones a la de salud para garantizar la continuidad de la atención. Hoyos también pidió al Ministerio de Hacienda priorizar los giros pendientes destinados al Fondo y anunció mesas de trabajo con Fecode y las carteras de Salud y Hacienda para buscar una salida concertada.
El próximo paso será una sesión del Consejo Directivo del FOMAG el 30 de octubre. Hoyos señaló que allí deberán tomarse decisiones frente a la situación encontrada y avanzar en medidas para atender la prestación del servicio.
