El Gobierno Nacional trabaja en ajustes a los protocolos del Decreto 0851 de 2024 para acelerar la respuesta ante comunicaciones delictivas originadas en cárceles, anunció la ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, durante un debate en la Cámara de Representantes.
Cambios a los protocolos vigentes
La ministra intervino en un debate de control político de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes sobre la restricción de llamadas y mensajes no autorizados en establecimientos penitenciarios. Allí planteó que la modificación de los protocolos busca hacer más rápida y efectiva la actuación frente a esas comunicaciones.
La regulación actual contempla mecanismos para restringir las comunicaciones no autorizadas dentro de los establecimientos penitenciarios y la articulación entre autoridades competentes y proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones.
Falla Zerrate indicó que la revisión se concentra en reducir los tiempos de actuación. “Parte del problema está en identificar de dónde sale la comunicación y qué mecanismos tecnológicos se utilizan”, señaló al referirse a los cambios en estudio.
El trabajo interinstitucional incluirá una revisión de la operación de los inhibidores y de los mecanismos tecnológicos y administrativos requeridos para impedir que las comunicaciones no autorizadas sigan siendo utilizadas en actividades delictivas.
Bloqueo de comunicaciones desde cárceles
Los ministerios TIC y de Justicia mantendrán mesas de trabajo permanentes y definirán una línea base para seguir la efectividad de las medidas. El propósito es contar con una respuesta más rápida, permanente y medible frente al uso de comunicaciones delictivas.
La ministra diferenció el tratamiento de los servicios de telefonía móvil y de aplicaciones como WhatsApp. El Ministerio TIC avanza con Meta y los operadores en acciones articuladas que permitan intervenir desde las propias plataformas digitales.
Además, el Ministerio TIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) trabajan en medidas para dificultar el envío de mensajes de texto empleados en extorsiones y otros delitos desde los establecimientos penitenciarios.
Las acciones contempladas buscan identificar el origen de los mensajes, generar trazabilidad y reforzar mecanismos de registro y etiquetado para mitigar su impacto sobre los ciudadanos. Las entidades participantes harán seguimiento continuo a las medidas para comparar resultados y entregarlos al Congreso y a la ciudadanía.
