La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entra en una fase de ejecución de sanciones restaurativas mientras crece el debate sobre sus resultados, costos y los recursos previstos para 2027.
Sanciones restaurativas entran en ejecución
Creada como componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tras el Acuerdo de Paz de 2016, la JEP investiga, esclarece y sanciona los crímenes más graves del conflicto armado. Su modelo transicional da un papel central al reconocimiento de verdad y responsabilidad, con sanciones distintas a las penas tradicionales de prisión.
Después de años de investigaciones, acreditación de víctimas, audiencias e imputaciones, en septiembre de 2026, integrantes del antiguo Secretariado de las FARC comenzaron los trabajos comunitarios derivados de decisiones de la jurisdicción. La ejecución de esas medidas abre una etapa en la que el cumplimiento de las sanciones y sus resultados verificables cobran relevancia.
La JEP ha identificado a 367 personas como máximos responsables y ha producido imputaciones, de acuerdo con cifras divulgadas por la entidad. También ha adoptado decisiones en casos como los secuestros atribuidos a las antiguas FARC y los llamados falsos positivos.
El Ministerio de Justicia anunció en julio de 2026 más de $20.000 millones para financiar los primeros proyectos restaurativos vinculados a sanciones impuestas a 19 comparecientes que reconocieron responsabilidad. El Gobierno informó que había realizado más de 40 mesas técnicas para preparar la ejecución de las medidas.
La discusión sobre la jurisdicción se concentra así en la magnitud y oportunidad de los avances, así como en la capacidad institucional para llevar las sentencias a los territorios. Sus críticos cuestionan la velocidad de los procesos y la eficacia de las sanciones; el modelo prevé sanciones propias para quienes reconocen responsabilidad y aportan verdad, además de otras medidas según el comportamiento procesal del compareciente.
Recursos de la JEP para 2027
El presupuesto es otro frente de controversia. La entidad ejecutó el 99,3 % de su presupuesto durante 2025 y reportó ese año miles de víctimas con representación judicial, además de cientos de audiencias y diligencias.
Para 2027, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha advertido que el presupuesto contemplado es inferior a lo solicitado para cumplir las funciones de la jurisdicción y ejecutar las sentencias. También ha sostenido que una reducción podría afectar el cumplimiento de su mandato.
En sentido contrario, el senador Enrique Gómez propuso trasladar $100.000 millones de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. El presidente Abelardo de la Espriella respaldó públicamente la iniciativa. Los promotores plantean fortalecer la justicia ordinaria y cuestionan los resultados de la justicia transicional.
El exdiputado Sigifredo López, víctima de secuestro por las FARC, también ha cuestionado públicamente el funcionamiento y el costo de la JEP e impulsó una iniciativa de firmas para promover su eliminación. Otras víctimas han valorado decisiones de la jurisdicción, en un debate que mantiene posiciones distintas sobre el tribunal.
Mientras el Congreso discute la financiación, la JEP busca cerrar sus principales investigaciones y poner en marcha las primeras sanciones restaurativas. La ejecución de esas decisiones será el siguiente punto de evaluación sobre obras restaurativas, restricciones de derechos, verdad para las víctimas y responsabilidades verificables en los territorios.
El costo de funcionamiento de la JEP también se ha incrementado de manera significativa con el paso de los años. Mientras en 2018 el tribunal destinaba cerca de $110.797 millones a su funcionamiento, para 2023 la cifra llegó a $390.545 millones, en 2024 ascendió a $494.225 millones y en 2025 alcanzó los $550.211 millones. Es decir, en siete años el gasto de funcionamiento prácticamente se multiplicó por cinco, un crecimiento que vuelve inevitable la discusión sobre cuánto le está costando al Estado mantener esta jurisdicción y qué resultados concretos está entregando a cambio de esos recursos.
