La Defensoría del Pueblo cuestionó que cuerpos de personas muertas integren la escenografía de declaraciones públicas, tras la operación “Azarías” en Guaviare, y pidió que el Estado preserve los límites de la Constitución, la ley y la humanidad.
Límites en la acción estatal
El pronunciamiento aludió a imágenes del presidente de la República caminando entre cuerpos en tulas blancas de personas muertas durante la operación. El reporte oficial indicó que habrían muerto 23 miembros de las estructuras de alias “Iván Mordisco”, incluidos algunos mandos de esa estructura armada.
Medicina Legal estableció que dos de las personas muertas en el bombardeo eran menores de edad. La Defensoría sostuvo que su reflexión no cuestiona por sí misma las operaciones legítimas de la Fuerza Pública ni el deber estatal de enfrentar a grupos armados responsables de graves violaciones de derechos humanos.
El organismo centró su llamado en la forma en que el Estado ejerce el poder y comunica sus resultados. Advirtió que no puede entrar en una competencia con grupos armados para demostrar crueldad, producir miedo, humillar al adversario o convertir la muerte en una exhibición de poder.
La entidad recordó que la Constitución reconoce el derecho a la vida como fundamental, de aplicación inmediata, inviolable y no suspendible durante los estados de excepción. También señaló que el ordenamiento contempla aplicaciones restrictivas, como la legítima defensa y la baja de combatientes en conflicto armado, sin que la privación de la vida pueda ser arbitraria.
En ese marco, citó la Sentencia C-430 de 2019 de la Corte Constitucional, que plantea consideraciones de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Añadió que el derecho internacional humanitario establece límites incluso en la guerra y exige respeto y trato digno para los muertos.
Seguridad más allá de bajas
La Defensoría también se refirió a un portal llamado “las bajas del Tigre”, en el que se cuentan muertos y otros resultados operacionales desde la posesión del nuevo presidente. Precisó que no se ha confirmado que sea una página oficial y pidió cautela frente a esa clase de indicadores.
El pronunciamiento relacionó esa prevención con la política que evaluaba resultados por bajas en combate, que, afirmó, conllevó a un crimen de sistema hoy juzgado por la JEP: los “falsos positivos”. Aclaró que no plantea que los cuerpos de la operación “Azarías” respondan a esa lógica.
En lugar de medir la seguridad únicamente por resultados operacionales, la entidad invitó a considerar indicadores ligados a derechos garantizados y vidas salvadas, especialmente para la población civil expuesta a la acción de grupos criminales.
Para la Defensoría, las imágenes y palabras de quienes representan al poder público comunican los valores que el Estado defiende. Señaló que usar el poder simbólico para el espectáculo o la humillación erosiona la autoridad legítima, cuya base debe ser la confianza y no el miedo.
El cierre del llamado fue que la fortaleza estatal se afirma al enfrentar a quienes amenazan a la población sin abandonar los límites constitucionales, legales y humanitarios. La entidad sostuvo que la acción militar es un deber, aunque debe prevalecer la justicia y la defensa de la dignidad humana.
