La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra seis procesados por presuntas irregularidades en un contrato de 32 millones de dólares para el mantenimiento de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.
Contrato para helicópteros MI-17
El proceso se relaciona con el contrato 012 del 31 de diciembre de 2024, suscrito entre el Ministerio de Defensa y una empresa norteamericana. El objeto contractual era el mantenimiento y el suministro de repuestos para los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.
Entre los acusados está el entonces viceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, Luis Edmundo Suárez Soto. La Fiscalía también vinculó al particular Carlos Martín Uribe Forero, al contratista James Lester Montgomerie y a tres exfuncionarios relacionados con el trámite y la ejecución del contrato.
Los demás procesados son el exsecretario general Hugo Alejandro Mora Tamaño; el exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán; y el excomandante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional, coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte.
Señalamientos en la adjudicación
Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía apuntan a que Uribe Forero y Montgomerie se habrían concertado con Suárez Soto para que la compañía extranjera obtuviera el contrato. El ente acusador sostiene que la empresa no contaba con la idoneidad, experiencia ni capacidades técnica y financiera requeridas para ejecutar las actividades encomendadas.
La acusación plantea que los entonces funcionarios no realizaron un proceso abierto y acudieron a una contratación directa. También les atribuye una convocatoria directa, la flexibilización de requisitos habilitantes y la ampliación de los plazos para presentar cotizaciones, actuaciones que habrían favorecido al oferente.
Además, son señalados de realizar reuniones de estructuración para beneficiar a la empresa, permitir la entrega de información financiera y técnica que no sería real y modificar el esquema de pago. Con ese cambio, el primer corte de ejecución contemplaba un giro de 16 millones de dólares, equivalente al 50% del valor total del contrato.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó el escrito de acusación de acuerdo con el posible rol y grado de intervención de cada procesado. Los delitos atribuidos incluyen peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
La audiencia de acusación se realizará en la fecha y hora que establezca la Judicatura, etapa en la que se formalizará la acusación contra los seis procesados.
