El Gobierno revisará el funcionamiento y la legalidad de todas las fotomultas en el territorio nacional, tras la solicitud del presidente Abelardo de la Espriella a la ministra de Transporte, Elsa Noguera. El proceso abarcará los dispositivos instalados, su sustento técnico y las reglas para autorizar nuevas cámaras.
Alcance de la revisión nacional
La instrucción presidencial plantea examinar los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de presuntas infracciones que operan en Colombia. De la Espriella pidió que estas herramientas se orienten a proteger la vida y mejorar la seguridad vial, y cuestionó los esquemas que puedan tener fines meramente recaudatorios.
El Ministerio de Transporte confirmó que la revisión se hará de inmediato y que involucrará a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), la Superintendencia de Transporte y las demás autoridades competentes. Cada entidad verificará, dentro de sus funciones, la autorización de los sistemas y su soporte técnico y legal.
El análisis tendrá en cuenta la siniestralidad, los límites de velocidad, la señalización y las condiciones de cada corredor. También se inspeccionará la operación de las cámaras en los puntos donde están instaladas y se evaluarán posibles irregularidades en el cobro y la notificación de las sanciones.
Elsa Noguera indicó que, donde se identifiquen abusos, irregularidades o incumplimientos, se actuará con la contundencia correspondiente. La ministra sostuvo que la detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, en lugar de operar como un mecanismo de recaudo a costa de los ciudadanos.
Nuevos criterios para las fotomultas
Además de los equipos que ya están en funcionamiento, la cartera revisará la regulación nacional y los criterios aplicables a las futuras autorizaciones. La intención es que las nuevas cámaras respondan a necesidades reales y técnicamente demostradas de seguridad vial.
Para esas decisiones, el Ministerio señaló que priorizará soluciones de ingeniería, señalización, pedagogía y control. Noguera remarcó que la seguridad vial no se resuelve únicamente con la instalación de cámaras y que las medidas deben ajustarse a las condiciones reales de cada vía.
La revisión nacional ocurre después de que la ministra solicitara a la Ansv suspender la entrada en operación de tres nuevas cámaras autorizadas en la Vía al Mar, corredor que conecta Barranquilla y Cartagena. Los dispositivos se sumarían a cuatro cámaras de velocidad que ya operan en esa carretera.
La solicitud de suspensión se produjo en medio de denuncias ciudadanas y reclamos de gremios turísticos y empresariales. En esa vía, el Instituto de Tránsito del Atlántico sostuvo que las cámaras obedecen a estudios sobre accidentalidad y flujo vehicular; a la vez, defendió que las restricciones de velocidad pueden establecerse cuando las condiciones de seguridad lo requieran.
En Atlántico, las víctimas por siniestros viales aumentaron 20 % entre 2024 y 2025. Con la revisión anunciada, el Gobierno examinará tanto la justificación de los sistemas existentes como las condiciones bajo las cuales podrán autorizarse nuevos dispositivos en el país.
