jueves, julio 30, 2026
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Imputan a exalcalde de Honda y a su exsecretaria por presunta subasta irregular de inmuebles del municipio

La imputación por subasta irregular de inmuebles en Honda alcanzó al exalcalde Carlos Alberto Arce Camacho y a la exsecretaria general y de Gobierno Margot Alvarado González, presentados por la Fiscalía ante un juez de control de garantías por hechos relacionados con la venta de dos predios municipales.

La Fiscalía llevó el caso ante un juez y formuló cargos

La Fiscalía General de la Nación informó que presentó ante un juez de control de garantías al exmandatario local y a la entonces funcionaria, dentro de un proceso en el que se les atribuye participación en una subasta que, según la investigación, no se ajustó a los requisitos legales.

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima les imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En la diligencia, ninguno de los procesados aceptó el cargo.

Qué se vendía y cuándo ocurrió la presunta irregularidad

La investigación, realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), ubicó los hechos entre agosto y septiembre de 2008. En ese periodo se adelantó un proceso de subasta para vender dos inmuebles de propiedad del municipio.

Los bienes estaban ubicados en los barrios Alto del Rosario y Santa Lucía, en Honda (Tolima). El caso se centra en la forma en que se tramitó la venta de esos predios y en las condiciones de participación en la subasta.

El punto clave: un solo oferente habilitado en la subasta

De acuerdo con la Fiscalía, en el procedimiento se evidenció que la subasta se realizó sin cumplir los requisitos de ley. El detalle principal, según el ente investigador, es que solo fue habilitado un oferente.

La Fiscalía sostuvo que la normatividad vigente exigía la participación de, por lo menos, dos proponentes para adelantar la venta de bienes. Esa diferencia entre la exigencia y lo ocurrido es la base de la imputación.

En el mismo reporte, la entidad indicó que Arce Camacho habría ordenado la apertura del proceso contractual y la adjudicación de los inmuebles mediante acto administrativo. A su vez, Alvarado González, al parecer, adelantó las actuaciones precontractuales y la audiencia pública.

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