El camino hacia la perpetuación en el poder ya está pavimentado para Nayib Bukele. El partido de gobierno, Nuevas Ideas, proclamó oficialmente al mandatario salvadoreño como su candidato único para las elecciones presidenciales de febrero próximo. De ganar, el publicista de 44 años iniciará un inédito tercer mandato consecutivo de seis años, una posibilidad que quedó servida tras las polémicas reformas constitucionales exprés de julio de 2025 que abolieron los límites de la reelección indefinida.
Bukele, quien rompió con el bipartidismo tradicional en 2019, mantiene un sólido respaldo popular estimado en más del 85%, impulsado principalmente por su agresiva «guerra contra las pandillas» bajo el régimen de excepción vigente desde 2022. Para ciudadanos como Julio Flores, un comerciante de San Salvador, el cambio es rotundo: «Antes teníamos miedo. Vamos a apoyarlo los años que quiera permanecer; es el único que puede darnos esta tranquilidad».
Sin embargo, el drástico descenso de la criminalidad convive con un marcado deterioro de la institucionalidad democrática. Sectores de la oposición y transportistas como Miguel Hernández advierten que, si bien la seguridad avanzó, «no es bueno para la democracia que Bukele vuelva a postularse», mientras resienten el acelerado incremento del costo de vida en el país centroamericano.
El nacimiento de los «nuevos millonarios» del régimen
El inicio de esta nueva campaña electoral coincide con un fuerte cuestionamiento sobre la transparencia de su administración. Una reciente investigación del diario El País de España sacó a la luz pública el acelerado y desproporcionado incremento en las declaraciones patrimoniales oficiales de Bukele y de los funcionarios más influyentes de su círculo cercano desde su llegada al poder en 2019.
El análisis de 75 declaraciones patrimoniales de altos cargos arrojó que al menos 21 funcionarios del gobierno aumentaron su riqueza hasta en un 713%. Los casos más llamativos incluyen:
Ernesto Sanabria (Secretario de Prensa): Su patrimonio neto reportado escaló de 270.000 dólares a más de dos millones de dólares en apenas siete años.
La familia presidencial: Habría adquirido unas 34 propiedades valoradas conjuntamente en más de 10 millones de dólares durante la gestión de Bukele.
Altos funcionarios bajo la lupa: Figuras clave como la jefa de Gabinete, Carolina Recinos; el secretario de Comercio, Miguel Kattán; y el presidente del Banco Central, Douglas Rodríguez, también registraron alzas sustanciales en sus activos.
Expertos locales como el exministro de Economía Héctor Dada y el historiador Héctor Lindo coinciden en que el Ejecutivo está gestando una nueva élite económica. Aunque este grupo no ha desplazado por completo a las familias empresariales tradicionales de El Salvador, sí está replicando las viejas prácticas de concentración de poder y ventajas normativas de las antiguas oligarquías, todo ello en un contexto donde la pobreza extrema en el país sigue en aumento.
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Transparencia bajo presión internacional
Irónicamente, el acceso público a estas reveladoras declaraciones patrimoniales no fue una iniciativa voluntaria de rendición de cuentas del gobierno salvadoreño. Se produjo debido a las exigencias impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que condicionó el desembolso de un préstamo clave por 1.400 millones de dólares a la implementación de mayores estándares de transparencia fiscal.
Aun con estos datos sobre la mesa, analistas y periodistas locales denuncian que el sistema de auditoría interna de El Salvador adolece de controles rigurosos, lo que permite que muchos informes queden sin verificación independiente o que los funcionarios ignoren las solicitudes formales de aclaración sobre el origen de sus fortunas.
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Paralelamente, la gentrificación y transformación del centro histórico de San Salvador tras el desalojo de miles de vendedores informales ha inflado el valor de los inmuebles de la zona, una plusvalía que, según investigaciones periodísticas, ha sido capitalizada por familiares de Bukele y socios comerciales cercanos mediante transacciones inmobiliarias estratégicas.
Concentración absoluta del poder
Con el control total del Congreso, el sistema de justicia y el aparato fiscal, el autodenominado «dictador cool» se encamina a los comicios de febrero sin una oposición articulada que pueda disputarle el Ejecutivo. La fórmula la volverá a integrar su vicepresidente, Félix Ulloa.
No obstante, su proyección global ha comenzado a sumar fisuras. A las constantes denuncias de organismos de derechos humanos por detenciones arbitrarias y censura a la prensa que ha forzado al exilio a organizaciones como Cristosal y Socorro Jurídico, se sumó el escándalo internacional por mantener incomunicados a 252 ciudadanos venezolanos deportados en su megacárcel durante 2025, quienes tras recuperar su libertad denunciaron torturas sistemáticas.
A pesar de las críticas internas y las alarmas internacionales sobre la «muerte de la democracia» salvadoreña, la combinación de control social, una narrativa publicitaria impecable y la alianza pragmática de Bukele con figuras globales le aseguran un retorno triunfal a las urnas para prolongar su mandato hasta 2032.
