El panorama político en la Casa de Nariño se sacude tras las recientes revelaciones que vinculan a Angie Rodríguez, actual gerente del Fondo de Adaptación y exdirectora del DAPRE, con presuntas irregularidades administrativas, burocráticas y hasta nexos sentimentales que habrían provocado un «cortocircuito» ético en el Gobierno Nacional.
La información, que ya ha sido puesta en conocimiento de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, daría cuenta de un entramado donde intereses personales y clanes políticos del Caribe habrían permeado entidades clave para la reconstrucción del país.
El detonante: Una relación bajo la lupa
Uno de los puntos más polémicos de esta narrativa es la presunta relación sentimental entre Rodríguez y el representante a la Cámara Jorge Tovar, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40. Esta cercanía no es un asunto menor: Jorge 40 fue uno de los nombres más denunciados por el hoy presidente Gustavo Petro durante su carrera contra la parapolítica.
Según fuentes internas, esta relación generó una profunda desconfianza en sectores estratégicos del Ejecutivo, dado que el DAPRE es la oficina con mayor acceso a información reservada del Estado. Este «punto de quiebre» habría sido el factor determinante para su salida de la dirección de la Presidencia en enero de 2026.
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El «Excel de los clanes» y contratos de 150 mil millones
Más allá de lo personal, la denuncia apunta a un posible manejo irregular de recursos en el Fondo de Adaptación, entidad que gestiona más de un billón de pesos. Se habla de la existencia de un archivo con cerca de 400 perfiles vinculados a clanes políticos de la región Caribe (como el clan Gnecco y congresistas del Magdalena y Cesar), que habría servido de base para contrataciones directas.
A esto se suman alertas sobre la estructuración de procesos contractuales que rondarían los 150 mil millones de pesos, mediante esquemas que incluirían convenios con organismos internacionales como el PNUD y contrataciones directas en zonas críticas como La Mojana.
Pulso interno y futuro incierto
A pesar de que desde la Presidencia se habría solicitado formalmente su renuncia al Fondo de Adaptación, Rodríguez se mantiene en el cargo, desatando un pulso interno que ya escaló al ámbito público. La funcionaria ha respondido con críticas hacia sectores del propio Gobierno, evidenciando una fractura en la coordinación institucional.
La Red de Veedurías Ciudadanas ha manifestado que su deber es poner estos documentos en el debate público para que las autoridades competentes definan la veracidad de los hechos. ¿Se trata de un episodio aislado o de una señal de tensiones más profundas y corrupción estructural dentro de la administración?
