La tragedia ocurrida en el barrio Atalayas, en la localidad de Bosa, sigue generando escalofríos en Bogotá. A medida que avanzan las investigaciones sobre el asesinato de Deisy Granados Arboleda (42 años) y sus hijas, Karen Juliana (17) y Shantal Daniela Penagos (20), nuevos testimonios ponen en evidencia las fallas del sistema y la frialdad con la que actuó el presunto feminicida.
Denuncias previas y un sistema que no alertó
En una reciente entrevista para el podcast Más allá del Silencio, Ferney Penagos, padre de las dos jóvenes asesinadas, compartió su dolor y su indignación. Una de las revelaciones más fuertes fue enterarse de que Deisy ya había denunciado al agresor en dos ocasiones, entre 2024 y 2025, por violencia intrafamiliar y sexual.
«Yo nunca percibí nada, era un tipo que supo trabajar su imagen», confesó Penagos. El padre lanzó un fuerte cuestionamiento a las instituciones: si existían denuncias previas, ¿por qué no se le notificó sobre el peligro que corrían sus hijas al convivir con este sujeto?
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El perfil del victimario: Control hasta después de la muerte
El psicólogo forense Roberto Sicard analizó el comportamiento del agresor, calificándolo como un «aniquilador familiar». Según el experto, este tipo de perfiles poseen una necesidad de control absoluta. En este caso, el asesinato de las hijas habría sido una táctica macabra para ejercer el control total sobre la vida de Deisy.
Uno de los detalles más perturbadores es que el victimario habría permanecido tres días seguidos con los cuerpos en la residencia. Para Sicard, este comportamiento refuerza la tesis del control absoluto, incluso sobre la muerte. Además, se concluyó que el hombre:
No actuó bajo efectos de drogas o alcohol.
No padecía trastornos mentales al momento del crimen.
Actuó con saña y odio, planificando una violencia sostenida.
Un vacío que la justicia debe llenar
«Me quitó media vida, eran unas niñas», expresó Ferney Penagos en medio del llanto. Mientras la ciudadanía de Bogotá sigue impactada por la crueldad en el barrio Atalayas, el caso se convierte en un símbolo de la urgencia de mejorar las rutas de atención para mujeres víctimas de violencia, para que una denuncia sea realmente un mecanismo de protección y no solo un papel en un expediente.
