Un grave escándalo de presunto acoso laboral sistemático y alteración de pruebas sacude al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). La denuncia fue presentada ante el Concejo de Bogotá por el cabildante Leandro Castellanos, quien expuso testimonios de múltiples funcionarios que señalan a Hugo Cortés, jefe de la Oficina de Asuntos Locales, como el principal responsable de conductas de abuso de autoridad, persecución y amenazas. Según las pruebas presentadas, el ambiente hostil ha provocado afectaciones físicas y psicológicas críticas en el personal de la entidad desde el año 2024.
El punto más alarmante de la denuncia radica en la presunta eliminación de evidencia clave por parte de la institución. Castellanos reveló que el IDRD habría borrado el audio de una reunión fundamental del Comité de Convivencia Laboral, donde reposaban testimonios y pruebas de las irregularidades. Esta acción no solo vulneraría los principios de transparencia y legalidad, sino que sugiere un posible encubrimiento institucional para proteger al funcionario señalado, quien a pesar de las graves acusaciones, permanece en su cargo mientras los denunciantes han sido víctimas de traslados arbitrarios.
La dimensión humana del caso ha alcanzado niveles trágicos. Se reportó que una de las funcionarias afectadas, agobiada por las presiones y la falta de garantías, habría intentado atentar contra su vida. Este hecho ha encendido las alarmas sobre la ineficacia de los protocolos de salud mental y protección al trabajador dentro del Distrito. «No solo hablamos de acoso, sino de actos de encubrimiento y una institucionalidad que falla en proteger a su gente», afirmó el concejal Castellanos, exigiendo la intervención inmediata de los organismos de control.
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Ante la gravedad de los hechos y la posible obstrucción a la justicia por la desaparición de pruebas, el caso ya fue trasladado a la Procuraduría General de la Nación. El cabildante ha solicitado formalmente la apertura de investigaciones disciplinarias urgentes y medidas cautelares para salvaguardar la integridad de las víctimas. Bogotá espera una respuesta oficial del IDRD frente a estas acusaciones que ponen en tela de juicio la ética administrativa y el respeto por los derechos fundamentales en una de las entidades más visibles de la ciudad.
