En un giro clave para el futuro de los trámites migratorios en el país, el Consejo de Estado decidió dejar sin efectos las actuaciones judiciales de una acción popular que pretendía bloquear el nuevo modelo de expedición de pasaportes. La decisión representa un respiro para la Cancillería, que busca modernizar el sistema tras meses de incertidumbre jurídica.
El fallo: Requisitos incumplidos y falta de rigor
La resolución del alto tribunal surgió tras una tutela presentada por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Según el Consejo de Estado, la demanda original —impulsada por Nicolás Dupont, de la Fundación Dilo Colombia— fue admitida sin que se cumplieran los requisitos legales básicos.
El argumento principal es contundente: el Tribunal de Cundinamarca habría aceptado las acusaciones del demandante de forma automática, sin realizar un examen de verificación mínimo. Entre las fallas detectadas destacan:
La falta de justificación de un «perjuicio irremediable».
El hecho de que la petición previa fue presentada por un tercero ajeno al proceso.
«El Consejo de Estado concluyó que tanto el Fondo Rotatorio como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica tenían razón al señalar que no se cumplían los requisitos de la acción popular», explicó la Cancillería en un comunicado oficial.
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¿Qué pasa con el proceso de la Procuraduría?
Es fundamental aclarar que este fallo no afecta el proceso paralelo liderado por la Procuraduría General de la Nación. Mientras que la demanda de Dupont ha quedado invalidada por errores de forma, el cuestionamiento del órgano de control sigue su curso.
Al respecto, la Cancillería confirmó que ya presentó la contestación formal a los reclamos de la Procuraduría, defendiendo la legalidad del convenio firmado para la producción de las libretas.
Hacia la autonomía en la expedición de pasaportes
El Gobierno Nacional insiste en que el nuevo esquema, iniciado en su estructuración técnica en 2024, no es simplemente un contrato de impresión. El objetivo final es alcanzar la autonomía nacional en la materia durante la próxima década mediante:
Transferencia de conocimiento: Capacitación de personal colombiano.
Fortalecimiento tecnológico: Modernización de los sistemas de seguridad.
Construcción de capacidades: Evitar la dependencia exclusiva de proveedores externos a largo plazo.
Con este respaldo judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma que el proceso se ajusta al ordenamiento jurídico y continúa trabajando para que la transición al nuevo modelo no afecte el servicio a los ciudadanos.
