El Gobierno nacional ha dado un paso histórico en la reducción de la brecha social con la expedición del Decreto 0287 de marzo de 2026, una normativa que establece lineamientos obligatorios para la inclusión de personas con discapacidad en el sistema de compras públicas. Cristóbal Padilla, director de Colombia Compra Eficiente, destacó que esta medida materializa el deber del Estado de fomentar fuentes de trabajo dignas, transformando la contratación estatal en una herramienta de equidad. La norma busca beneficiar a una población de más de 1.3 millones de personas que, según el DANE, enfrentan barreras de acceso al mercado laboral.
Bajo este nuevo marco legal, los proveedores que participen en licitaciones públicas o concursos de méritos tendrán la obligación de emplear a personas con discapacidad, ajustándose a sus capacidades productivas. Además, el decreto incentiva la participación directa de empresas y emprendimientos liderados por esta población, promoviendo su autonomía económica. Para el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la directora del DNP, Natalia Irene Molina, esta política no solo es un mandato de ley, sino una estrategia para saldar una deuda social con millones de ciudadanos en edad productiva.
Un aspecto fundamental de la norma es la exigencia de garantizar la accesibilidad universal en todos los bienes, obras y servicios contratados por entidades estatales y particulares que ejecuten recursos públicos. Esto implica que, desde los estudios previos, se deberán definir criterios técnicos claros para asegurar que la infraestructura y los servicios sean aprovechables por todas las categorías de discapacidad. En caso de ausencia de normas técnicas específicas, las entidades están obligadas a fijar fichas técnicas de accesibilidad propias, asegurando que ningún contrato ignore estas necesidades básicas.
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Finalmente, la Agencia Nacional de Contratación Pública realizará un seguimiento riguroso a través del SECOP para evaluar el impacto real de la medida. Anualmente, se emitirá un reporte que consolidará la información de los contratos de prestación de servicios y las medidas afirmativas aplicadas voluntariamente por las instituciones. Con la entrada en vigor del Decreto 0287, Colombia se posiciona como un referente regional en la utilización del poder de compra del Estado como motor de inclusión social y desarrollo humano sostenible.
