En una audiencia celebrada este miércoles 25 de marzo de 2026, Cristian Camilo Valencia Hurtado aceptó formalmente su responsabilidad en el triple feminicidio que conmocionó a la localidad de Bosa. La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de feminicidio agravado en concurso, tras el hallazgo de los cuerpos de su pareja, Deisy Anaimer Granados Arboleda (42 años), y sus hijas, Karen Juliana (20 años) y Santhal Daniela Penagos (17 años). La aceptación de cargos por parte del procesado acelera el curso judicial hacia la individualización de una sentencia condenatoria.
El macabro hallazgo se produjo el pasado 24 de marzo en una vivienda del barrio Atalayas, luego de que familiares de las víctimas alertaran a las autoridades al no tener noticias de ellas desde la noche del viernes 20 de marzo. Gracias a la intervención del Cuerpo de Bomberos y la Policía Metropolitana de Bogotá, se logró ingresar al inmueble donde yacían los cuerpos sin vida. En el lugar también fue capturado Valencia Hurtado, quien presentaba signos de intoxicación por un presunto intento de suicidio tras cometer el crimen.
La gravedad de los hechos ha puesto en marcha un proceso penal con penas severas. Según la exposición del ente acusador, la pena base para este tipo de delitos parte de los 500 meses de prisión, cifra que podría incrementarse significativamente debido a la minoría de edad de una de las víctimas y el concurso de conductas delictivas. El Brigadier General Giovanni Cristancho confirmó que el agresor convivía con las víctimas y aprovechó el entorno familiar para perpetrar el ataque, lo que constituye un agravante fundamental en la tipificación del feminicidio.
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El caso ha generado un rechazo unánime por parte de la administración distrital. El alcalde Carlos Fernando Galán lamentó el suceso, mientras que la Secretaría de la Mujer activó de inmediato el acompañamiento jurídico y psicosocial para los familiares de Deisy Granados y sus hijas. Este trágico evento en el sur de Bogotá reitera la urgencia de fortalecer las rutas de atención y protección para las mujeres, en un contexto donde la celeridad judicial es clave para evitar la impunidad en casos de violencia de género.
