El Consejo Superior de la Judicatura anunció una medida histórica al confirmar que, por primera vez, se conformarán listas exclusivas de mujeres para la elección de magistradas en la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión se formalizó mediante la apertura de la convocatoria para proveer siete cargos vacantes que se generarán en las próximas semanas. El objetivo principal es estructurar tanto ternas mixtas como exclusivas femeninas que permitan avanzar de manera efectiva hacia la paridad de género en la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria.
La Defensoría del Pueblo respaldó la iniciativa señalando una brecha estructural en el poder judicial: aunque las mujeres representan el 56,68% del personal de la Rama Judicial, su presencia se reduce drásticamente en los niveles jerárquicos superiores. Actualmente, la representación femenina en las Altas Cortes es de apenas el 28,05%, una cifra que evidencia las barreras de ascenso para las profesionales del derecho. Esta nueva metodología busca corregir dicha desproporción mediante acciones afirmativas que garanticen una participación equilibrada.
El sustento jurídico de esta medida se fundamenta en la Ley 581 de 2000 (Ley de Cuotas) y la reciente Ley 2424 de 2024, además de múltiples sentencias de la Corte Constitucional que ordenan eliminar la discriminación en el acceso a cargos de alta dirección pública. Con estos mecanismos, el Estado colombiano busca cumplir con tratados internacionales de derechos humanos que exigen representación equitativa. La convocatoria actual se convierte así en un precedente para la transformación de la arquitectura institucional del país y la democratización del Poder Judicial.
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Finalmente, el proceso de selección evaluará perfiles bajo estrictos criterios de mérito y trayectoria profesional, asegurando que la idoneidad técnica acompañe el criterio de género. La Defensoría reiteró que es el momento de superar los obstáculos históricos que han impedido que las mujeres alcancen la magistratura en igualdad de condiciones. Este avance ocurre en un contexto de alta relevancia institucional, mientras de forma paralela la Corte Suprema gestiona otros procesos de alto impacto nacional, manteniendo su cronograma de renovación interna para el presente periodo.


