El Gobierno Nacional ha reabierto el debate sobre el modelo sanitario con la expedición del Decreto 0182, una normativa que busca transformar la operación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Este acto administrativo surge tras el intento fallido del Ministerio de Salud de implementar cambios similares en el pasado, los cuales fueron frenados por el Consejo de Estado. El objetivo central de esta nueva norma es corregir la “fragmentación excesiva de la afiliación”, un fenómeno que ha permitido que aseguradoras operen en regiones donde no cuentan con infraestructura ni escala poblacional suficiente.
En la práctica, el decreto pretende territorializar la salud. Actualmente, el sistema presenta cifras insólitas: en departamentos como el Valle del Cauca o San Andrés, existen EPS que reportan apenas entre 1 y 14 afiliados, lo que imposibilita la creación de una red prestadora sólida. Expertos como Olga Lucía Zuluaga, de ACESI, señalan que esta dispersión carece de sentido financiero y operativo, ya que las EPS necesitan una masa crítica de pacientes para negociar tarifas globales con clínicas y hospitales que garanticen una atención continua.
Le puede interesar: https://nacioncolombia.com/editorial-creer-en-ti-para-ser-un-equipo-ganador-por-juan-jose-aux/
La nueva reglamentación busca que las EPS operen únicamente donde tengan la capacidad administrativa y técnica real. Según el documento oficial, al concentrar a los afiliados en territorios específicos, se podrán pactar mejores condiciones con los prestadores de servicios, brindando estabilidad financiera a los hospitales públicos. Esto acabaría con la tendencia de aseguradoras pequeñas que, por falta de escala, no logran garantizar citas, cirugías o tratamientos oportunos, obligando a los usuarios a largos desplazamientos o trámites administrativos.
Finalmente, el Minsalud apuesta a que este decreto sea la base para un sistema más eficiente y menos burocrático. Sin embargo, la medida ya genera tensiones entre las aseguradoras privadas que temen una salida forzosa de ciertos mercados. En Nación Colombia seguiremos monitoreando el impacto de este decreto en la atención al ciudadano, pues la meta del gobierno es clara: pasar de un sistema de libre mercado atomizado a uno de gestión territorial coordinada.
