Como defensa del señor Olmedo López, recibimos con serenidad y sentido de justicia el anuncio de la Fiscalía General de la Nación sobre la imputación que se realizará al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Este avance resulta coherente con el deber constitucional de investigar con imparcialidad y profundidad todos los hechos relacionados con el caso UNGRD”, afirmó José Moreno, abogado de Olmedo López.
Desde hace más de un año, Olmedo López puso en conocimiento de la Fiscalía información determinante y entregó pruebas verificables que han sido esenciales para el esclarecimiento de la verdad. Se aportaron conversaciones, georreferenciaciones, registros y detalles del modus operandi que hoy permiten dar pasos procesales que estaban pendientes.
También le puede interesar: https://nacioncolombia.com/condenan-santiago-uribe-28-anos-prision/
Esa colaboración fue temprana, eficaz y orientada exclusivamente a que las autoridades tuvieran todos los elementos necesarios para actuar.
Lo ocurrido en los últimos meses, incluyendo la salida del país de dos implicados, demuestra la importancia de que las decisiones avancen con oportunidad. La celeridad en la administración de justicia no es un beneficio para una de las partes: es una garantía constitucional para toda la sociedad y para la credibilidad institucional.
Olmedo López, por medio de su apoderado, dijo que: “Nuestro interés ha sido, y continuará siendo, cooperar y que todas las responsabilidades se investiguen con el mismo rigor, sin selectividades, sin presiones externas y sin demoras injustificadas. La imputación anunciada constituye un paso relevante, pero también un recordatorio de que el proceso debe continuar con objetividad y transparencia hasta su culminación; por eso acudiré a cualquier llamado que me hagan las autoridades judiciales”.
De otro lado, la defensa del señor Olmedo López confía en que la Fiscalía General de la Nación seguirá actuando bajo los principios de legalidad, igualdad y debido proceso, de manera que el país pueda conocer la verdad completa y se evite que hechos tan graves se repitan en la administración pública.
