La Red de Veedurías de Colombia radicó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra directivos de EMCALI, por hechos que podrían constituir presuntos delitos contra la administración pública.
Según explicó, se estaría dando una indebida celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por omisión, omisión de actos propios del cargo y otros contemplados en los artículos 409, 410, 413 y 414 del Penal.
También le puede interesar: https://nacioncolombia.com/consejo-de-estado-colabora-con-inspeccion-judicial/
El presidente de la Red de Veeduría, Pablo Bustos, señaló que la decisión responde a la inexplicable y gravísima omisión administrativa del gerente de EMCALI, Roger Mina, quien, a menos de cincuenta días de que expiren todos los contratos de mantenimiento del alumbrado público, no ha iniciado ningún proceso de licitación.
Además, no ha publicado pliegos, borradores, estudios previos, cronogramas, modalidades de selección, ni ha garantizado un escenario de participación abierta, transparente y competitiva, como exige la ley.
Esta omisión, que carece de toda justificación técnica o jurídica, pone a Cali al borde de un hecho sin precedentes: la ciudad podría amanecer sin mantenimiento del alumbrado público el primero de enero, debido a la falta absoluta de planeación contractual por parte de EMCALI.
El incumplimiento de estos deberes vulnera de manera directa los principios esenciales de la contratación estatal consagrados en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 (transparencia, libre concurrencia, economía, responsabilidad), así como la obligación de planeación previa establecida en el artículo 26 de la misma ley.
También desconoce la regla general de la licitación pública prevista en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y las obligaciones anticorrupción dispuestas en el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011.
La jurisprudencia del Consejo de Estado, en sentencias como el expediente 11001-03-26-000-2013-00053-00 (2014), ha reiterado que “los contratos estatales no pueden convertirse en mecanismos de perpetuación de operadores ni en escenarios que excluyan la competencia”.
La situación actual de EMCALI parece dirigirse exactamente en ese sentido.
Para la Red de Veedurías, esta omisión no solo compromete la legalidad administrativa, sino que podría estar configurando un favorecimiento indebido hacia la empresa que actualmente presta el servicio de mantenimiento del alumbrado, generando un cierre artificial de la competencia, un posible detrimento patrimonial y un riesgo evidente de direccionamiento contractual.
Esto podría demostrar que las decisiones en EMCALI se están tomando a espaldas del alcalde y de las fuerzas vivas de la ciudad, o, en un escenario aún más preocupante, con un nivel de negligencia o permisividad que debe ser investigado por las autoridades.
No existe explicación válida, ni institucional ni técnica, que permita comprender cómo se permitió que el contrato de mantenimiento del alumbrado público llegue a su vencimiento el 31 de diciembre sin que se haya adelantado un solo paso del proceso de selección.
Si EMCALI termina adjudicando nuevamente a la empresa actual sin licitación, solo quedarían dos posibles interpretaciones: o la administración es profundamente incompetente, o existen intereses irregulares que buscan favorecer a un particular.
En cualquier caso, la responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal y penal es ineludible.
La Red recuerda que EMCALI está obligada, sin excepción, a publicar la modalidad de selección, expedir los pliegos borradores, establecer un cronograma razonable y garantizar el tiempo necesario para que los interesados preparen sus ofertas en condiciones de igualdad, conforme a los principios de selección objetiva, buena fe contractual y transparencia.
Cualquier contratación realizada sin el cumplimiento de estos pasos constituiría una violación directa al régimen contractual y dará lugar a las acciones disciplinarias y penales correspondientes.
