Los familiares de los diputados del Valle del Cauca, secuestrados y asesinados por la extinta guerrilla de las Farc, interpusieron la primera apelación contra la sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que impuso ocho años de sanción restaurativa a siete exjefes de esa organización por su política de secuestros, la cual dejó al menos 21.396 víctimas en Colombia.
El recurso fue presentado por el abogado Juan Camilo Sanclemente, presidente de la Fundación Defensa de Inocentes (FDI), quien pidió la revocatoria total del fallo emitido en el Caso 01. Según explicó, la sentencia presenta “graves deficiencias” que no cumplen con lo pactado en el Acuerdo Final de Paz ni con los estándares de la Corte Penal Internacional (CPI).
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La fundación argumentó que la sanción es desproporcionada frente al daño causado, pues se diseñó sin participación efectiva de las víctimas y no ofrece garantías de no repetición ni una verdad plena, detallada y exhaustiva. Por ello, invitaron a las víctimas del conflicto a considerar la CPI como una instancia para reclamar justicia frente a crímenes de lesa humanidad que, aseguran, siguen en la impunidad.
La apelación se dirige contra la sentencia emitida el 16 de septiembre, que condenó a Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda a sanciones propias de ocho años. Estas incluyen restricciones a la movilidad, monitoreo electrónico y participación en proyectos de búsqueda de desaparecidos, desminado, recuperación ambiental y construcción de memoria.
El magistrado Camilo Suárez Aldana, ponente del fallo, defendió en su momento que la decisión exigía a los responsables “mucho más que estar en la cárcel”, al obligarlos a dar la cara a las víctimas y trabajar en su favor.
El Tribunal de Paz declaró al exsecretariado responsable de crímenes de guerra como secuestros y homicidios, así como de crímenes de lesa humanidad como tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas y desplazamiento. La JEP documentó que las Farc usaron los secuestros como política criminal para financiarse, presionar al Estado y ejercer control territorial.
El cumplimiento de las sanciones será supervisado por la JEP y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que advirtieron que el incumplimiento podría derivar en la pérdida de beneficios judiciales.
Colprensa
