El Gobierno de Gustavo Petro ya definió su postura para las negociaciones del salario mínimo 2026, que beneficiará directamente a más de 3,5 millones de trabajadores en Colombia. De acuerdo con informaciones conocidas en la Casa de Nariño, la propuesta oficial sería un incremento del 11%, una cifra que supera con amplitud la inflación proyectada para el próximo año, cercana al 5%.
La decisión no solo se estaría defendiendo desde el Ministerio del Trabajo, encabezado por Antonio Sanguino, sino que además quedó reflejada en el Presupuesto General de la Nación 2026, donde los gastos de personal de las entidades públicas ya fueron ajustados con ese parámetro. Con ello, se confirma que el Gobierno defenderá un aumento de dos dígitos en la Comisión de Concertación Laboral, espacio en el que participan empresarios, sindicatos y Estado.
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Según el Ejecutivo, el objetivo del incremento es garantizar un mayor poder adquisitivo para los trabajadores que devengan el mínimo y para todos aquellos cuyos ingresos están indexados a este valor. El propio presidente Petro ha insistido en la necesidad de lograr “un buen decreto de elevación del salario mínimo” que se traduzca en mejoras reales para los hogares colombianos.
No obstante, la propuesta ya genera tensiones con el sector empresarial y con analistas financieros. Un informe de Bancolombia advierte que un aumento del 11% implicaría un crecimiento de los costos empresariales del 7,6% nominal anual, lo que presionaría la rentabilidad, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como la industria manufacturera, el comercio y los servicios. Esto podría derivar en una reducción de la capacidad de inversión y en la revisión de los esquemas de contratación formal.
El BBVA Research, por su parte, señaló que si bien el PIB creció 2,1% en promedio anual en el segundo trimestre de 2025, los indicadores ajustados por estacionalidad reflejan una economía con debilidades en sectores clave como la industria, la construcción y la intermediación financiera. Además, advirtió que la baja inversión limita el potencial de crecimiento y pone en duda la capacidad del país para absorber mayores costos laborales.
El Gobierno, sin embargo, se ampara en los resultados del mercado laboral. De acuerdo con el DANE, la tasa de desempleo en julio fue del 8,8%, la más baja desde antes de la pandemia. Según el ministro Sanguino, los aumentos decretados en años anteriores han permitido mejorar la capacidad adquisitiva, reducir el desempleo y mantener la inflación bajo control.
De aplicarse el incremento planteado, el salario mínimo en 2026 quedaría en $1.580.085. La Comisión de Concertación será clave en los próximos meses, pues allí se debatirán las diferentes propuestas de sindicatos, gremios y Gobierno. Aunque la ley faculta al presidente a decretar el aumento en caso de no llegar a un acuerdo, el reto del Ejecutivo será equilibrar el discurso social con las advertencias económicas que señalan riesgos para el empleo formal y la inversión privada.
En síntesis, la apuesta del Gobierno Petro por un aumento del 11% en el salario mínimo profundiza la tensión entre la necesidad de proteger el ingreso de los hogares y la estabilidad de las finanzas empresariales, un pulso que marcará el rumbo económico y laboral de 2026.
