El partido Centro Democrático manifestó su rechazo total a la demanda radicada en las últimas horas ante el Consejo de Estado, en la que se solicita la pérdida de investidura del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien permanece hospitalizado en cuidados intensivos tras el atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio.
La colectividad calificó la acción judicial como una maniobra “jurídicamente temeraria, moralmente reprochable y políticamente perversa”, que busca arrebatarle su curul mientras enfrenta un momento crítico de salud.
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En un comunicado, el partido asegura que “sectores radicales” intentan instrumentalizar la justicia para revictimizar al senador. Consideran “absurdo e indignante” que los demandantes sugieran que Uribe estaba haciendo campaña política en el momento del atentado, insinuando que ello justificaría el hecho violento.
“Como si lo hiciera responsable del hecho. ¡Qué despropósito! Esta acusación, traída de los cabellos, es una afrenta a la razón y a la dignidad humana”, expresó la bancada.
Además, advirtieron que se trata de un intento por “aprovechar su vulnerabilidad para destruirlo no solo físicamente, sino también moral y políticamente”. En su declaración, el Centro Democrático enfatizó que la acción judicial representa una peligrosa legitimación de la violencia y una amenaza directa al ejercicio político en libertad.
“Exigimos respeto por su vida y por el derecho que tiene de seguir representando su compromiso. Colombia no puede permitir que la violencia y el odio se impongan”, concluyó el partido.
La demanda fue interpuesta por el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía Nacional (Sinsergen Mindefensa), junto con la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC). Según sus argumentos, Miguel Uribe habría incurrido en actividad política indebida el día del atentado, hecho que el Centro Democrático tilda de “afrenta” y “revictimización”.
El proceso deberá ser evaluado por el Consejo de Estado, mientras el país sigue pendiente del estado de salud del congresista. El hecho ha generado una fuerte reacción tanto en círculos políticos como ciudadanos, que ven con preocupación el uso de mecanismos judiciales en contextos de vulnerabilidad y violencia.
Colprensa
