El país sigue conociendo diversas posturas de partidos políticos, gremios económicos y sectores de juristas, tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar la consulta popular de la reforma laboral por vía decreto, debido a que en su concepto el Senado actuó de forma fraudulenta al votar la convocatoria de la misma.
La presidenta del Partido Conservador, senadora Nadia Blel, indicó que “el anuncio del presidente Petro de convocar vía decreto la consulta popular no solo atenta contra una decisión legítima del Senado de la República, sino que es un duro golpe contra nuestra democracia y el Estado de derecho. Por eso, desde los partidos queremos hacer un llamado a todas las instituciones, a todas las ramas del poder público, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Registraduría, pero especialmente a las altas cortes para que actúen con total determinación frente a estos abusos por parte del Ejecutivo de sus competencias constitucionales”.
A su turno, el director del Partido de La U, Alexander Vega, declaró que “si el Gobierno convoca la consulta popular por decreto, la Registraduría no puede expedir un calendario electoral porque le faltaría el concepto favorable del Senado”.
Desde el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal sostuvo frente a la polémica: “Estoy lista para presentar la respectiva demanda contra el decreto con el que Petro pretende adelantar un golpe de Estado. Petro no puede usar mecanismos de participación ciudadana para sustituir competencias del Congreso, especialmente cuando ya hay una decisión tomada. Esto sería una violación del principio de separación de poderes y del Estado de derecho”.
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El exministro del Interior de este gobierno, Juan Fernando Cristo, consideró que “la decisión sobre la validez jurídica de la votación de la plenaria del Senado que negó la consulta popular no corresponde al Gobierno Nacional, sino a la justicia, que ya la revisa en el Consejo de Estado. Se comete una grave equivocación al convocar la consulta”.
Plantea, además, que “se desconoce la independencia de los poderes; el Gobierno se atribuye competencias que no tiene y se pone en riesgo la estabilidad institucional del país. Hasta ahora, a pesar de duros enfrentamientos, el Gobierno ha utilizado los instrumentos constitucionales y legales para tramitar sus diferencias con las otras ramas del poder”.
Por su parte, el Consejo Gremial Nacional acusó a Petro de vulnerar la Constitución al insistir en convocar por decreto una consulta popular que fue archivada por el Senado. Para los gremios, es una acción que rompe la institucionalidad, desconoce la separación de poderes y amenaza la estabilidad democrática del país.
El abogado Iván Cancino, en claro rechazo a lo dicho por el exfiscal Eduardo Montealegre, quien aseguró que sí es legal usar ese decreto para la consulta, sostuvo que “los vicios de inconstitucionalidad no los decide el presidente, los vicios en el trámite tampoco, o bien la Corte Constitucional o el Consejo de Estado. Cualquier autoridad que dé trámite a una consulta popular vía decreto le está fallando a la Constitución misma, al pueblo, al país y, por ende, está prevaricando, con dolo”.
(Colprensa)
