El Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue profundizando su investigación sobre las presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. En su más reciente movimiento, el CNE ha ordenado recolectar pruebas y citar a varios testigos para avanzar en el proceso.
La atención ahora se centra en los vuelos realizados en la aeronave HK5328, utilizada por la campaña durante la primera vuelta electoral. La Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS), que operó la aeronave, deberá proporcionar detalles sobre los vuelos realizados en ese periodo, identificando si alguno de ellos no tiene relación con la campaña.
En su solicitud, el CNE pide información precisa sobre los desplazamientos y posibles servicios adicionales prestados por Sadi, como el mantenimiento del avión y sus otros posibles usos durante el tiempo electoral.
Con una agenda de citaciones se reactivó el proceso de Juicio Político contra Petro en el CNE https://t.co/gDeHPY8CDk @pedrosoto785 @vicvicvic76 @duvanedo @AliRestrepo @cecollm @alfredohans1 @Gilbert_Olarte @BOGOTASINMIEDO @Claraaguilar11 pic.twitter.com/NNKooxMIhw
— Costanoticias.com (@CostaNoticiasTV) March 11, 2025
El narcopiloto
Esta investigación también toma en cuenta los vínculos de Sadi con un narcopiloto, implicado en un caso de narcotráfico en 2021, lo que ha elevado las sospechas sobre las operaciones de la empresa.
Las autoridades han ampliado su análisis a otras áreas, como las grandes donaciones que podrían haber influido en la financiación de la campaña de Petro, y que siguen bajo examen.
Una de las principales líneas de investigación está relacionada con supuestas donaciones millonarias a la campaña, entre ellas $600 millones de la Unión Sindical Obrera (USO) y $500 millones de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). En este contexto, el CNE ha citado a Ralph Alirio Castillo, supuesto encargado de gestionar las donaciones, y a varios miembros clave de la campaña, incluidos el gerente general Ricardo Roa Barragán, quien actualmente preside Ecopetrol.
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Asimismo, se ha solicitado a la senadora Aida Avella, del Pacto Histórico, que rinda declaración. La investigación sigue abierta, y aunque por ahora no se esperan sanciones penales, se contemplan fuertes multas y la posible devolución de dineros públicos.
