La Asociación Nacional de Alumbrado Público (ANAP) alertó a la ciudadanía sobre un proyecto de decreto que modifica el Decreto 1073 de 2015, el cual regula el sector de minas y energía y establece políticas para la eficiencia tarifaria en el sector energético, según lo establecido por el Ministerio de Minas y Energía.
Esta medida podría comprometer el alumbrado público, ya que la reducción tarifaria mencionada se refiere en realidad a la exención del cobro por este servicio.
Dada la naturaleza mixta de la ANAP, con participación pública, privada y de empresas tecnológicas, que ha representado durante más de 25 años los procesos de innovación en los sistemas de alumbrado público en Colombia, sentimos la obligación moral de explicar la fórmula propuesta por el Ministerio (ver adjunto) para reducir el costo en las facturas de los usuarios. Sin embargo, lo que realmente se busca es dejar de recaudar los recursos que mantienen el alumbrado público en más de mil municipios del país, lo que pone en riesgo la infraestructura eléctrica, como ha sucedido en Venezuela.
«Una ciudad sin luz es aterradora y amenazante. El Gobierno Nacional, en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía, ha publicado un proyecto de decreto que actualmente está en etapa de consulta y que prácticamente dejaría sin recursos el servicio de alumbrado público en todo el país.
Según la ANAP, no se ha realizado un estudio previo ni un análisis adecuado, ni hay una justificación mínima, lo que pone en riesgo la prestación del servicio de alumbrado público en Colombia. Estos anuncios parecen improvisados y buscan la aprobación de la ciudadanía desde una perspectiva populista que terminará afectando a todos los colombianos», afirmó Armando Gutiérrez, Director Ejecutivo de la ANAP.
«Será un falso ahorro para el ciudadano, creará un problema aterrador para la ciudadanía y un grave conflicto para los municipios y distritos. Ya hemos visto lo que sucedió en Venezuela con los apagones del sistema eléctrico. En este sentido, convocamos a las empresas del sector energético, entidades de la sociedad civil y sector público territorial para hacer seguimiento a esta problemática anunciada», agregó Gutiérrez.
Finalmente, es importante destacar que, de ser aprobado el decreto, será impugnado ante las autoridades pertinentes por no cumplir con los requisitos legales.
