La Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido una alerta sobre la existencia de once focos activos de emergencia humanitaria en el país, producto de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que afectan de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como a niños y jóvenes.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que esta situación es el reflejo de la expansión y fortalecimiento de estos grupos en los últimos cinco años, con una influencia que alcanza el 73 % de los municipios del país.
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Entre los actores responsables de esta ola de violencia se encuentran la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y bandas urbanas como los Shottas y los Espartanos, que operan principalmente en Buenaventura, el principal puerto colombiano en el Pacífico.
Marín destacó que el Clan del Golfo es el grupo que más se ha expandido, aunque todos han incrementado su presencia y control territorial.
Las emergencias humanitarias documentadas por la Defensoría se concentran en regiones como Nariño, Cauca, el Pacífico del Valle del Cauca, Antioquia, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, el Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, el sur de Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo.
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Además, la situación en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, ha alcanzado niveles críticos, con casi 85.000 afectados, en su mayoría desplazados y confinados, debido a los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC.
Marín explicó que, además de la crisis en el Catatumbo, durante 2025 se han evidenciado reacomodos, fraccionamientos y rupturas de pactos de coexistencia entre los grupos armados, lo que ha provocado graves afectaciones a la población civil.
Uno de los puntos más críticos es el departamento del Chocó, donde el Clan del Golfo y el ELN se enfrentan por el control territorial. Recientemente, el ELN anunció un paro armado de 72 horas en la región, argumentando la «grave situación humanitaria» y el «avance paramilitar».
Estos enfrentamientos han dejado alrededor de 3.600 desplazados y más de 12.000 personas confinadas, según cifras de la Gobernación del Chocó. Además, se ha reportado la presencia de disidencias de las FARC al mando de alias ‘Iván Mordisco’, quienes estarían aliados con el Clan del Golfo para combatir al ELN.
La disputa entre los grupos armados se centra en el control del río San Juan, una vía estratégica para dominar la zona y las economías ilícitas, como el narcotráfico, el tráfico de madera y la minería ilegal. Esta situación ha generado confinamientos y la presencia de minas antipersona cerca de caseríos y escuelas, lo que aumenta el riesgo para las comunidades.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo ha urgido a las autoridades nacionales y locales a implementar «acciones inmediatas» que prioricen la protección de las comunidades afectadas. Asimismo, ha llamado a la comunidad internacional a mantener y fortalecer su apoyo a las iniciativas humanitarias y a exigir el respeto a los derechos de las personas y comunidades en riesgo.
Finalmente, la Defensoría exigió a los grupos armados ilegales respetar los derechos de la población y no continuar instrumentalizando a las organizaciones y a las Juntas de Acción Comunal para favorecer sus intereses y expandir su acción territorial.
