El Tribunal Supremo de Panamá ha emitido un fallo histórico al declarar inconstitucional el contrato de la sociedad Panamá Ports Company (PPC), filial del conglomerado de Hong Kong CK Hutchison. Esta concesión, que permitía la operación de los estratégicos puertos de Balboa y Cristóbal desde 1997, ha quedado sin efecto tras una demanda presentada por la interventora general, Anel Flores. La decisión surge en un contexto de alta tensión diplomática, marcado por las constantes críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la creciente influencia de China en la zona del Canal.
La Corte fundamentó su decisión tras una «amplia deliberación», señalando que la prórroga y las adendas del contrato vulneraban la Constitución panameña. Según la demanda interpuesta en 2025, el acuerdo representó una pérdida superior a los 1.000 millones de dólares en ingresos fiscales para el Estado. Además, se reveló que la filial no contaba con las aprobaciones legales necesarias para validar la extensión contractual, lo que pone en entredicho la transparencia de las administraciones anteriores en la gestión de activos críticos para el comercio global.
Este fallo judicial intensifica la pugna geopolítica entre Washington y Pekín. Mientras que Trump ha amenazado con intervenir el Canal alegando riesgos para la seguridad hemisférica, el presidente panameño José Raúl Mulino ha mantenido una postura firme en defensa de la soberanía nacional. Es importante destacar que los puertos de Balboa y Cristóbal son los únicos que conectan las rutas interoceánicas, movilizando millones de TEUs (contenedores) anualmente, lo que convierte esta disputa en un asunto de seguridad nacional y logística mundial.
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Ante la sentencia inapelable, CK Hutchison enfrenta un panorama incierto, pues ya planeaba ceder estas terminales a un consorcio liderado por el fondo estadounidense BlackRock y la italiana Terminal Investment. Por su parte, la empresa ha calificado el fallo como carente de fundamento legal, advirtiendo sobre el riesgo para la estabilidad económica de las familias que dependen de la actividad portuaria. Esta resolución obligará a Panamá a reestructurar su marco legal y, muy probablemente, a convocar una nueva licitación internacional bajo un escrutinio global sin precedentes.
Colprensa
