La Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC) confirmó este miércoles, 18 de marzo de 2026, la admisión de la demanda interpuesta por la Procuraduría General de la Nación contra el convenio para la expedición de pasaportes. El recurso judicial busca la nulidad absoluta del contrato celebrado entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la entidad pública portuguesa Imprensa Nacional Casa da Moeda. Esta decisión judicial representa un revés para la Cancillería, que intentó frenar el proceso mediante recursos de reposición que fueron desestimados por la corporación.
El Tribunal fue enfático al señalar que, en este proceso, no se requiere el requisito de conciliación prejudicial. Según la corporación, la Procuraduría actúa bajo su facultad de garante del interés público y no como una parte contractual que busque beneficios económicos, lo que la exonera de agotar etapas de conciliación antes de acudir a los estrados. Además, los magistrados aclararon que la nulidad absoluta de un contrato estatal es un juicio de legalidad que no admite transacciones ni puede ser saneado por mutuo acuerdo, reafirmando que el proceso debe seguir su curso en los tribunales.
Otro de los puntos clave de la decisión fue el rechazo a la pretensión de la Cancillería y la Imprenta Nacional sobre la falta de jurisdicción por la existencia de una cláusula compromisoria. El Tribunal precisó que este argumento no puede ser discutido mediante un recurso de reposición contra el auto admisorio, sino que debe presentarse como una excepción previa en las etapas procesales correspondientes. Esto significa que el proceso judicial por presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de pasaportes no se detendrá y entrará en una fase de debate probatorio profundo.
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La demanda de la Procuraduría se fundamenta en que el modelo de contratación utilizado para reemplazar a la firma Thomas Greg & Sons podría haber vulnerado los principios de la contratación estatal y la libre competencia. Mientras el caso avanza en el TAC, la expedición de pasaportes en Colombia continúa bajo un modelo de transición que ha generado múltiples críticas por demoras y fallas técnicas. La resolución final de este juicio determinará si el Estado debe dar marcha atrás al convenio internacional con Portugal y abrir una nueva licitación pública bajo estándares de transparencia reforzados.
