Un grupo de trabajadores de Ecopetrol S.A. interpuso una acción de tutela contra la compañía con el objetivo de suspender de manera inmediata el proceso de elección del representante de los trabajadores en la Junta Directiva, al considerar que se han presentado graves irregularidades que vulneran derechos fundamentales. El caso ya fue radicado ante la Rama Judicial y busca frenar un proceso que, según los accionantes, carece de garantías democráticas.
La controversia se originó tras la modificación abrupta del cronograma electoral. Inicialmente, la votación estaba prevista para los días 22 y 23 de enero de 2026, pero fue adelantada sin justificación suficiente a los días 14 y 15 de enero. De acuerdo con la tutela, este cambio redujo de forma sustancial los tiempos de verificación de candidaturas, divulgación de perfiles y socialización de propuestas, afectando la posibilidad de que los trabajadores tomen una decisión informada.
Le puede interesar: https://nacioncolombia.com/polemica-por-contrato-de-10-mil-millones-para-le-defensa-del-gobierno-petro/
Los trabajadores designaron como líder y vocero a Ariel Corzo Díaz, empleado activo de Ecopetrol desde hace más de 27 años, quien aseguró que la empresa “modificó de manera unilateral el cronograma electoral, vulnerando derechos fundamentales como el derecho a elegir y ser elegido, el debido proceso administrativo, la participación democrática y la confianza legítima”. Según el documento judicial, Ecopetrol había fijado desde el 16 de diciembre de 2025 un calendario claro que luego fue alterado el 9 de enero de 2026, rompiendo las reglas del proceso.
Ante este escenario, los accionantes solicitan al juez constitucional ordenar la suspensión inmediata del proceso electoral y la inhabilitación temporal de cualquier mecanismo de votación electrónica, hasta que exista una decisión de fondo. Advierten que, de realizarse la elección en las condiciones actuales, se configuraría un perjuicio irremediable, pues el daño al derecho fundamental al voto sería irreversible. El caso, según Corzo, trasciende el ámbito interno de Ecopetrol y plantea cuestionamientos sobre la transparencia, la democracia participativa y el buen gobierno corporativo en la principal empresa estatal del país.
