Los trabajadores adscritos a las seccionales Magangué, Córdoba, Cesar y Sucre alzan su voz para rechazar categóricamente las actuaciones de la empresa Caribemar de la Costa – Afinia, filial del Grupo EPM, frente a los racionamientos de energía que está imponiendo en algunas de las comunidades más vulnerables de la Costa Atlántica.
Esta medida, se toma mientras la compañía sigue sin corregir los oscuros manejos financieros y administrativos que ha mantenido durante los últimos años. Estos racionamientos parecen responder a una estrategia calculada, no solo para generar descontento social, sino también para debilitar internamente a su propia fuerza laboral e intentar torpedear el proceso de negociación colectiva que actualmente viene adelantando el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia- Sintraelecol con responsabilidad y transparencia.
«De forma perversa y premeditada, la empresa ha cambiado la fecha de vencimiento para el pago de la factura de energía, estableciendo ahora un cobro mensual. Esta decisión administrativa, lejos de mejorar la eficiencia del recaudo, ha generado un impacto negativo en su propia caja, afectando gravemente su flujo financiero. Se ha mencionado que este cambio podría generar una afectación superior a los 130 mil millones de pesos mensuales derivando en una crisis autoinfligida que luego pretende presentar como argumento para justificar su deterioro económico», afirman los trabajadores.
Esta maniobra debe ser severamente sancionada por las autoridades estatales, pues no solo constituye una irresponsabilidad administrativa, sino que pone en riesgo la continuidad del servicio y la estabilidad financiera de la empresa.
Es inadmisible que mientras se sacrifican los derechos de las comunidades y de los trabajadores, Afinia no de explicaciones claras sobre sus cuentas ni sobre su gestión, escondiendo la verdad al país mientras pretende posicionarse como víctima de circunstancias que ella misma ha propiciado», concluyen los voceros del Sindicato.
Ante esta realidad, exigimos la urgente intervención del Estado colombiano a través de sus organismos competentes. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a quien la Contraloría General de la República ha delegado funciones de control para este tipo de casos, debe actuar de inmediato. De igual manera, el Ministerio de Minas y Energía debe asumir su responsabilidad, investigar a fondo estos hechos y, aún más importante, sentarse en la mesa de negociación como garante del cumplimiento de los derechos de los trabajadores y del servicio público.
