Consulta popular
Tras el sorpresivo anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular para que sean los colombianos quienes definan si quieren o no que se hagan realidad las reformas a los sistemas de salud y laboral en Colombia, ahora la expectativa se centra en conocer cuáles son los tiempos de la misma.
Y aunque Petro fue contundente en su anuncio, por ahora no hay una inminencia de que este se cristalice en los próximos días. Este miércoles, los ministros del Interior y Trabajo, Armando Benedetti y Antonio Sanguino, indicaron que el gobierno está trabajando en definir las preguntas que se incorporarán en la consulta.
Por ello, no hay certeza de si esta misma semana o la siguiente se enviará al Congreso el documento del presidente Petro, firmado por todos sus ministros, convocando la consulta. Incluso, el ministro Sanguino se mostró aún optimista de que la reforma laboral pueda salvarse si se acogen modificaciones propuestas en las ponencias alternativas.
Después de que el gobierno notifique su decisión al Senado de convocar una consulta, este tendrá un máximo de 30 días para adoptar una postura. Por ahora, es muy incierto pensar si hay o no mayorías para hundir la propuesta, pues todo dependerá de las posturas que tomen los partidos frente a la posibilidad de impedir que sean los colombianos quienes decidan. Incluso, esta consulta podría convertirse en la peor derrota política del gobierno si no logra alcanzar la votación mínima.
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Uno de los mayores inconvenientes que enfrenta el gobierno Petro es lograr que las preguntas sean muy concretas, tanto para que los electores puedan entenderlas como para que su alcance en la realidad no sea inconstitucional ni le otorgue al presidente poderes que no tiene.
Si la consulta logra su aval en el Senado, el asunto se convertirá netamente en un tema electoral. Es decir, serán las autoridades electorales, Registraduría Nacional y Consejo Nacional Electoral, las que procederán a la organización de la misma. Si el Senado se toma parte de abril y mayo en la discusión, será después de este período cuando las dos entidades inicien el montaje del proceso, que es similar al de una elección común y corriente, requiriendo al menos entre dos y tres meses.
Esto significa que la ciudadanía iría a las urnas en el segundo semestre del año, muy seguramente en agosto. Sin embargo, el gobierno deberá garantizar desde el inicio el presupuesto para la consulta, el cual oscila entre 400 mil y 500 mil millones de pesos, un monto cuyo origen aún no está claro, especialmente en medio de la crisis fiscal que atraviesa el país.
Si se lleva a cabo la votación de la consulta, parte de su implementación deberá volver al Senado, pero ahora en una discusión conjunta con la Cámara de Representantes. Además, todo el proceso será vigilado por la Corte Constitucional, que evaluará de manera particular el alcance de las preguntas.
Por ahora, la consulta popular para aprobar las reformas sociales sigue siendo un mero anuncio, que, a la postre, podría convertirse en uno más de los tantos que ha hecho el presidente Petro sobre distintos temas, pero que no ha concretado luego de agitar la opinión pública.
(Colprensa)
