martes, marzo 4, 2025
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Susana Muhamad en riesgo de arresto por no cumplir fallo judicial

El Juzgado Segundo de Bucaramanga ha solicitado a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, por un presunto incumplimiento de un fallo de tutela relacionado con la delimitación del páramo de Santurbán. Esta acción judicial podría llevar a que la funcionaria enfrente hasta seis meses de arresto y una multa de 20 salarios mínimos.

La Tutela y la Respuesta de la Ministra

La tutela fue presentada por la Asociación de Mineros de Santurbán, que buscaba respuestas claras sobre la delimitación del área de reserva en el páramo. Ivonne Consuelo González, representante de la asociación, aseguró que la respuesta judicial apoya sus reclamos. Según González, la falta de concertación ha afectado a más de 35,000 personas que viven en las cercanías y dependen de los recursos del páramo.

La representante agregó que, hasta la fecha, la ministra no ha dado respuesta efectiva a la tutela. Además, subrayó que la delimitación se ha llevado a cabo sin consultar a las comunidades afectadas, lo que considera un acto inconstitucional.

Impacto en las Comunidades de la Región

Las comunidades de los municipios cercanos a Santurbán, como California, Vetas y Matanza, temen que la delimitación del páramo afecte gravemente sus actividades legales y económicas. De acuerdo con los habitantes, la medida podría impactar de forma directa su acceso a tierras y recursos vitales para su sustento.

Respuesta del Ministerio de Ambiente

El Ministerio de Ambiente, liderado por Muhamad, afirmó que ya respondió a la tutela el 18 de febrero. En su contestación, destacaron el compromiso con la transparencia en la delimitación de la zona y aseguraron estar dispuestos a resolver cualquier duda planteada por las comunidades y los mineros.

El Páramo de Santurbán y su Conservación

El páramo de Santurbán es fundamental para el suministro de agua en varias regiones de Colombia, lo que lo convierte en un ecosistema de vital importancia. Sin embargo, la delimitación de su área ha sido objeto de controversia debido a los intereses económicos de quienes habitan en la región. El proceso debe cumplir con las normas judiciales, que exigen la participación de las comunidades locales, para asegurar una resolución justa y equilibrada.

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