La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia envió una carta al magistrado Juan Carlos Cortés, de la Corte Constitucional, para manifestar su rechazo frente a la decisión de decretar pruebas técnicas y solicitar conceptos académicos en el estudio de la tutela presentada por Bernardo Moreno, exdirector del DAPRE, con la que busca anular su condena por el escándalo de la Yidispolítica.
La controversia surgió a partir de un auto del 5 de septiembre de 2024, en el que el despacho del magistrado Cortés ordenó la práctica de pruebas de oficio, convocando a instituciones académicas para que emitieran conceptos sobre la figura del delito continuado, clave en la sentencia contra Moreno.
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Para la Sala Penal de la Corte Suprema, encabezada por la magistrada Myriam Ávila, esta decisión “no solo constituye un desacierto probatorio evidente sino que puede tener un impacto negativo muy significativo en la doctrina de la tutela contra providencias judiciales”. El alto tribunal recordó que la tutela contra decisiones judiciales tiene como objetivo exponer vulneraciones a derechos fundamentales y que las pruebas deben aclarar el trámite procesal, no el contenido jurídico de la decisión.
En su misiva, la Corte Suprema advirtió que solicitar conceptos técnicos externos pone en riesgo la autonomía e independencia judicial, ya que un juez de tutela podría terminar basando su fallo en la opinión de expertos particulares. “El concepto del particular experto en materias jurídicas propias del ámbito funcional de los jueces (…) no puede ser el validador de que una decisión fue correcta, acertada o legal”, indicó el tribunal.
Finalmente, la Sala concluyó que pervertir el orden constitucional en estos términos “comporta una afrenta a la independencia de la Corte en sus decisiones y a su dignidad y jerarquía”.
El trasfondo del caso
Bernardo Moreno Villegas, exsecretario privado y director del DAPRE durante el gobierno de Álvaro Uribe, fue condenado en octubre de 2023 a cinco años y siete meses de prisión por tráfico de influencias en el escándalo de la Yidispolítica. La sentencia fue ratificada en agosto de 2024 por la Sala de Casación Penal.
El exfuncionario fue hallado responsable de usar su cargo para incidir en nombramientos en entidades como el Sena, la Red de Solidaridad Social y notarías, con el fin de entregar beneficios a la entonces representante Yidis Medina y garantizar su voto en la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial.
Desde febrero de 2025, Moreno cumple su condena en detención domiciliaria por ser mayor de 65 años. Su defensa interpuso una acción de tutela alegando vulneración de derechos fundamentales y cuestionando la aplicación del delito continuado. Aunque la Corte Suprema negó la tutela en dos instancias, la Corte Constitucional decidió seleccionarla para revisión, generando así una tensión sin precedentes entre las dos altas cortes.
Colprensa
