La Superintendencia Nacional de Salud reportó que, en más de 1.200 visitas a dispensarios, verificó denuncias sobre medicamentos que permanecían disponibles pese a que se les negaban a pacientes.
Visitas a los dispensarios
El superintendente Nacional de Salud relató que los operativos comenzaron con el Plan 100 y luego pasaron a denominarse Plan 1.000. La estrategia de inspección superó finalmente las 1.200 visitas presenciales e inesperadas a dispensarios, tras quejas de usuarios que esperaban durante horas por la entrega de sus tratamientos.
Durante esas verificaciones, los equipos recogían los documentos entregados a pacientes cuando les era negado un medicamento y regresaban con ellos al dispensario. El funcionario sostuvo que algunos productos reportados como no disponibles se encontraban en las instalaciones cuando los inspectores revisaban la situación.
Entre los insumos mencionados estuvieron pañales, levotiroxina e insulina. “Muchas veces dejaban ir a pacientes sin insulina, teniéndola ahí guardada”, afirmó el superintendente al describir los hallazgos que, dijo, motivaron las visitas.
El funcionario señaló que la entidad buscó pasar de la recepción de denuncias ciudadanas a la comprobación directa de lo que ocurría en los puntos de entrega. Como resultado del periodo al que se refirió, aseguró que hubo una reducción del 35 % en las quejas relacionadas con la no entrega de medicamentos.
Niños y EPS intervenidas
El superintendente también afirmó que desde el primer día de su administración recibieron ofrecimientos de dinero para participar en lo que calificó como un modelo de corrupción. Dijo que presentó una denuncia ante la Fiscalía y que la entidad estableció una “ruptura completa con la corrupción”.
La atención a menores fue otro de los puntos expuestos. A partir del caso de Kevin, un menor cuya situación fue recordada durante la entrevista, la Superintendencia impulsó una circular que redujo de 48 a 8 horas el tiempo máximo de atención para los niños.
Vea la entrevista completa aquí:
La regla dispone que, si un menor no recibe atención dentro de ese plazo, la EPS debe explicar qué ocurrió y quiénes fueron los responsables. Esa información puede remitirse a organismos de control y a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes, indicó el funcionario.
Además, aseguró que se implementó un modelo predictivo para identificar barreras antes de que afectaran a los pacientes. El superintendente afirmó que durante el periodo mencionado no se registró la muerte de un niño atribuida a barreras de atención de las EPS.
Sobre las EPS bajo medidas especiales, explicó que se cambiaron interventores y se hizo un corte para diferenciar la administración anterior de las actuaciones del periodo actual. En su balance, reportó mejorías en indicadores financieros y en aspectos de atención a pacientes.
El funcionario defendió las intervenciones como mecanismos previstos por la legislación para proteger a una entidad en situación crítica. También destacó que durante el Gobierno Petro no se liquidó una EPS, pese a la situación financiera de varias entidades intervenidas.
Al referirse al próximo Gobierno, advirtió sobre la necesidad de independencia en la autoridad que vigila a las EPS. “Una superintendencia necesita verdaderamente árbitros neutrales”, afirmó, al plantear la continuidad de la vigilancia sobre recursos, entrega de medicamentos y atención prioritaria a niños.
Nota patrocinada por la Superintendencia Nacional de Salud.
