El Gobierno Nacional, a través de un decreto transitorio, ratificó que el salario mínimo en Colombia para 2026 se mantendrá en 2 millones de pesos mensuales (incluyendo el auxilio de transporte). Esta medida surge como respuesta a la reciente suspensión cautelar del Consejo de Estado sobre el decreto original de diciembre. El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, fue enfático al señalar que la fijación del salario «no es una simple operación aritmética», defendiendo la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación acumulada.
La base técnica de este incremento del 23,7% (total integral) toma como referencia el concepto de «mínimo vital» de la OIT. Según Sanguino, este cálculo busca asegurar que un hogar promedio de tres personas pueda cubrir la canasta básica familiar. Aunque el Consejo de Estado no exige estrictamente la incorporación de este análisis internacional en la Ley 278, el Ejecutivo decidió mantener la cifra bajo el argumento de que no existen motivos jurídicos ni económicos de peso para reducir la remuneración ya establecida para millones de colombianos.
Es importante destacar que este ajuste representa un hito en la política salarial del país, alcanzando la cifra redonda de los 2 millones de pesos. El incremento se desglosa en un 23% para el salario básico y un ajuste proporcional en el auxilio de transporte. El Ministerio de Trabajo sostiene que esta medida es vital para dinamizar el consumo interno, a pesar de las críticas de algunos sectores gremiales que advierten sobre posibles presiones inflacionarias o impactos en la formalidad laboral durante el presente año.
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Con la expedición de este nuevo acto administrativo, el Gobierno busca dar seguridad jurídica a las empresas y empleados mientras se resuelve el fondo de la discusión en los tribunales. La administración actual recalca que la prioridad es garantizar la dignidad del trabajador colombiano, alineándose con estándares internacionales de justicia social y estabilidad económica, factores determinantes para el cumplimiento de las metas de reducción de pobreza extrema trazadas para este cuatrienio.
