Sandra Ortiz, política de Boyacá, se encuentra en una encrucijada tras su implicación en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
En medio de la creciente investigación, Ortiz ha comenzado a considerar colaborar con las autoridades a cambio de beneficios judiciales, como evitar una condena. Según fuentes cercanas, presuntamente estaría dispuesta a implicar a otros posibles responsables, incluido Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, como parte de un acuerdo con la Fiscalía.
Hace tan solo un año, Ortiz se encontraba en el apogeo de su carrera política, con gran influencia y el respaldo de poderosos aliados. Sin embargo, su situación cambió abruptamente cuando su nombre apareció en los titulares relacionados con prácticas corruptas dentro de la UNGRD. Ahora, enfrentando una posible condena y apartada del poder, la exconsejera del gobierno de Gustavo Petro evalúa su futuro judicial.
#Atención | La FM de RCN conoció que la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, vinculada al escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo, ya no podrá firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía. Su única opción para concretar una negociación sería un preacuerdo, ya que se… pic.twitter.com/WSsNBIqb2U
— La FM (@lafm) February 17, 2025
Ortiz ha iniciado conversaciones con la Fiscalía con la intención, de firmar un principio de oportunidad, que le permitiría evitar la cárcel y una condena a cambio de revelar información sobre las redes de corrupción.
La exfuncionaria, presuntamente, estaría dispuesta a asumir responsabilidades por delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, pero a cambio, también denunciaría a otros implicados. Una de las figuras clave que podría ser señalada en sus declaraciones es, presuntamente, Carlos Ramón González, quien ocupó el cargo de director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).
En meses pasados, Ortiz defendió a González y negó cualquier involucramiento en actos ilegales, pero ahora parece estar dispuesta a cambiar su postura.
Diversas fuentes indican que los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, han señalado a González como uno de los principales responsables de las irregularidades, asegurando que, presuntamente, organizaba reuniones secretas y coordinaba el reparto de contratos y sobornos. Ortiz, al parecer, respaldaría esas declaraciones, lo que podría ser clave para desentrañar los detalles de la trama de corrupción.
La Fiscalía continúa evaluando la cooperación de Ortiz y las pruebas que pueda proporcionar. Su declaración podría ser determinante para esclarecer la magnitud de los delitos cometidos en la UNGRD y otros organismos gubernamentales. Mientras tanto, la exconsejera de Petro enfrenta un panorama incierto, en el que su futuro dependerá en gran medida de su disposición para colaborar con las autoridades.
