El caso de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue generando impacto político, ahora afectando directamente al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tras las declaraciones de su exasesora María Alejandra Benavides, quien lo acusa de tener pleno conocimiento de las irregularidades. Según Benavides, Bonilla y otros altos funcionarios participaron en un esquema de direccionamiento de contratos para garantizar votos en el Congreso, necesarios para aprobar cupos de endeudamiento internacional.
Radiografía del escándalo
El testimonio de Benavides, entregado a la Fiscalía, señala que tres contratos por más de 93 mil millones de pesos fueron adjudicados a empresas vinculadas a congresistas. Este mecanismo buscaba asegurar respaldo legislativo a los créditos internacionales gestionados por el Ministerio de Hacienda. Además, las declaraciones implican al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien supuestamente colaboró en la estrategia, aunque él ha negado rotundamente estas acusaciones
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Reacciones y posición del gobierno
El gobierno de Gustavo Petro ha intentado minimizar el impacto mediático del caso, pero enfrenta crecientes cuestionamientos sobre la transparencia en su gestión. La Fiscalía continúa investigando para determinar la responsabilidad penal de los implicados. Este escándalo, que involucra compra de votos y desvío de recursos, ha debilitado la credibilidad del Ejecutivo y genera presión sobre el presidente para tomar decisiones contundentes
Nunca dudé del ministro de hacienda Ricardo Bonilla. Quienes lo conocemos sabemos de su integridad. pic.twitter.com/yv2alw7ewW
— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 27, 2024
No ofenda la inteligencia de los colombianos. Cada vez que están en un escándalo salen con el cuento de la “trampa, el golpe blando, el golpe de Estado etc”
¿Quién dio la orden del movimiento de los recursos? pic.twitter.com/yEU60cfG9S
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 1, 2024
El caso UNGRD representa un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en Colombia, exponiendo cómo las prácticas ilegales pueden involucrar a las más altas esferas del poder. Aunque las investigaciones están en curso, este episodio subraya la necesidad de reforzar los controles internos y garantizar la independencia de las instituciones para salvaguardar los recursos públicos y la confianza ciudadana.