La irrupción de las fintech en el mercado financiero colombiano ha transformado el acceso a créditos, la digitalización de servicios y la innovación en los canales de pago. Sin embargo, estos avances han generado un debate central: la necesidad de una regulación justa que permita equilibrar la competencia entre nuevos actores digitales y la banca tradicional.
En su informe “La competencia en la prestación de servicios innovadores y la importancia de su regulación balanceada”, Asobancaria aseguró que el país requiere un marco regulatorio que impulse la modernización sin sacrificar la estabilidad, la solvencia y la protección al consumidor. Según el gremio, un mercado competitivo debe garantizar que todos los proveedores cumplan estándares técnicos adecuados, evitando asimetrías que favorezcan a unos sobre otros.
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La pandemia aceleró la digitalización de los servicios financieros, permitiendo a las entidades vigiladas ampliar su portafolio. No obstante, la entrada de actores no regulados ha configurado una “zona gris” donde conviven diferentes marcos normativos. Esto genera ventajas competitivas para unos y desventajas para otros, además de confusión para los usuarios que desconocen si su proveedor está vigilado o a qué autoridad acudir en caso de reclamos.
Asobancaria señaló que la apertura de mercado no debe entenderse solo como liberalización, sino como un proceso que garantice seguridad y confianza. La evolución del sector ha mejorado la eficiencia y la inclusión, pero también ha traído retos relacionados con la protección de datos, la transparencia y la competencia leal.
En cuanto a normatividad, el país ha dado pasos importantes. Entre ellos, el Decreto 1297 de 2022, que reglamentó las finanzas abiertas, facilitando el acceso a datos de entidades vigiladas para impulsar la innovación. De igual manera, el Plan Nacional de Desarrollo incluyó la portabilidad financiera, que permitirá a los consumidores trasladar sus productos entre entidades, y los datos abiertos, promoviendo mayor inclusión financiera. Estas medidas reflejan la tendencia global hacia la interoperabilidad, donde el control de la información pasa a manos del consumidor.
El informe también advierte sobre los riesgos de la desinformación de los consumidores, quienes muchas veces desconocen si sus proveedores están regulados o cuáles son sus derechos. Esta situación se agrava en el entorno digital, donde las fronteras entre lo financiero y lo no financiero son cada vez más difusas. Un usuario puede invertir en activos virtuales o solicitar créditos en línea sin entender completamente los riesgos.
Para enfrentar estos desafíos, Asobancaria propone un diálogo técnico constante entre autoridades y entidades financieras, acompañado de aprendizajes de experiencias internacionales. Cita ejemplos como Brasil y México, donde se han creado marcos específicos para las fintech, con figuras como instituciones de pago y sociedades financieras tecnológicas, que han permitido ordenar la competencia y proteger a los consumidores.
En conclusión, la modernización del sistema financiero colombiano depende de encontrar un balance regulatorio que impulse la innovación, fomente la competencia leal y proteja los intereses de los usuarios. La regulación fintech en Colombia se perfila como uno de los grandes retos para garantizar la sostenibilidad y confianza del sistema en los próximos años.
