La Corte Constitucional decidió suspender la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024, que establece la reforma pensional, hasta que el alto tribunal emita un pronunciamiento definitivo sobre su constitucionalidad.
La decisión va en contra de la intención del Gobierno, que buscaba convocar sesiones extraordinarias del Congreso para corregir el trámite legislativo y poner en marcha la reforma a partir de julio. Sin embargo, la Corte consideró que durante el segundo debate en la Cámara de Representantes se vulneró el principio democrático y los derechos de las minorías, al aprobarse de forma exprés una proposición que reemplazó el texto debatido por otro previamente aprobado en el Senado.
Según el alto tribunal, el 14 de junio de 2024, la representante María del Mar Pizarro y otros congresistas propusieron acoger directamente el texto aprobado por el Senado. La discusión duró apenas 55 minutos y no se permitió intervenir a varios representantes ya inscritos, lo que configuró una violación al debido proceso legislativo.
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La Corte ordenó devolver el proyecto a la Cámara para que reinicie el debate justo en ese punto, permitiendo una deliberación completa y el análisis de las proposiciones que no fueron discutidas. El Congreso tendrá 30 días hábiles para subsanar el error, contados a partir de la notificación formal, y este plazo solo correrá si el Congreso está en sesiones ordinarias o si es convocado a sesiones extraordinarias.
Durante ese tiempo, la reforma no podrá entrar en vigencia. “Se suspende la aplicación de la ley hasta el día hábil siguiente al que la Sala Plena decida definitivamente sobre su constitucionalidad”, indicó el auto de la Corte.
Aunque la totalidad de la ley quedó congelada, se hicieron excepciones para los artículos 12 (parágrafo transitorio) y 76, relacionados con la elección de administradoras del sistema y los traslados entre regímenes. Estos seguirán vigentes temporalmente para evitar afectar a quienes ya adelantaron trámites.
La Corte también precisó que, una vez corregido el procedimiento, el Congreso podrá establecer una nueva fecha de entrada en vigor, siempre y cuando esta se determine después del fallo definitivo del tribunal.
Con esta decisión, la Corte impone una pausa obligatoria a una de las reformas clave del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien había declarado en redes sociales que “la reforma pensional se ha salvado”, aludiendo al intento de rescatar el proceso legislativo. No obstante, el fallo marca un camino condicionado y riguroso que obliga a repetir parte del trámite y garantizar su legitimidad constitucional.
Colprensa
