La Red de Veedurías de Colombia, a través de su presidente Pablo Bustos Sánchez, ha presentado un derecho de petición a la Fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, solicitando información urgente y prioritaria sobre las acciones judiciales relacionadas con un presunto caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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La solicitud, que se fundamenta en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y en el Código de lo Contencioso Administrativo, busca esclarecer la participación de varios funcionarios públicos en un supuesto esquema de sobornos y desvío de recursos públicos. Entre los acusados se encuentran Olmedo López, director de la UNGRD; Sneyder Pinilla, ex subdirector de la misma entidad; y Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera Presidencial para las Regiones.
Según declaraciones de Sneyder Pinilla:
- Olmedo López le habría ordenado conseguir 4.000 millones de pesos para facilitar la aprobación de reformas gubernamentales en el Congreso.
- Parte de este dinero habría sido entregado a Sandra Ortiz en el Hotel Tequendama Suites en octubre de 2023.
- Luis Carlos Barreto, exsubdirector de Conocimiento de la UNGRD, jugó un papel crucial en la obtención de estos fondos a través de un contrato irregular de carrotanques.
La Red de Veedurías denuncia que, a pesar de las pruebas presentadas, incluidos audios y chats de WhatsApp, Ortiz y Barreto no han sido judicialmente requeridos. Por ello, solicitan a la Fiscal General que informe sobre las acciones emprendidas contra estos y otros implicados, como Jaime Ramírez Cobo y María Alejandra Benavides.
En su petición, Bustos Sánchez enfatiza la necesidad de imputar cargos a todos los involucrados para salvaguardar el patrimonio público y garantizar la moralidad en la administración pública. La solicitud también incluye la exigencia de detalles sobre por qué solo algunos de los implicados han sido imputados hasta ahora.
La Red de Veedurías espera una respuesta pronta y efectiva de la Fiscalía, destacando la importancia de este caso para la transparencia y la lucha contra la corrupción en Colombia.
