Diferentes sectores económicos rechazaron el anuncio del Gobierno Nacional de declarar una emergencia económica.
Gremios, academia y analistas del mercado financiero coinciden en que hay otros caminos para resolver las dificultades tributarias que afronta el país.
Precisamente, el Consejo Gremial Nacional sostiene que es evidente y clara la inexistencia de los requerimientos constitucionales para declarar una emergencia económica a la luz del artículo 215.
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A través de un comunicado, sostiene que la situación fiscal que hoy enfrenta Colombia es una situación previsible, sobre la cual se vienen haciendo advertencias desde los años 2024 y 2025, al discutir los correspondientes presupuestos de la Nación, y por ende no existe un hecho sobreviniente que permita su declaración.
Además, desde la formulación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha advertido en reiteradas ocasiones sobre el desfinanciamiento, el exceso de gasto y las cuentas improbables de ingresos que contenía el plan financiero para 2026.
El Gobierno Nacional cuenta con mecanismos ordinarios consagrados en la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional para ajustar el presupuesto que permitan un uso responsable y eficiente de los recursos.
Incluso, la misma Ley prevé instrumentos para que, ante la situación actual, se aplace o recorte gasto presupuestal, permitiendo superar el déficit.
Por lo anterior, el Consejo Gremial Nacional hace un llamado al respeto de las instituciones y a los marcos normativos que rigen la democracia y fundamentan el desarrollo económico y social del país.
Desconocer las normas de la emergencia tendría efectos perjudiciales sobre la economía y el ordenamiento institucional.
En consecuencia, el Consejo Gremial Nacional hace un respetuoso llamado a la Corte Constitucional para que, ante una eventual declaratoria de emergencia económica durante la vacancia judicial, pueda analizar y decidir con inmediatez sobre la suspensión provisional de los efectos del Decreto, con el fin de prevenir perjuicios irremediables a la economía, los cuales tendrían efectos irreparables para todos los colombianos.
