A cuatro meses de la entrada en vigor de la reforma pensional, la Corte Constitucional enfrenta la presión del tiempo para resolver su constitucionalidad.
Aunque no tiene un plazo definido para fallar, su decisión podría generar incertidumbre si se produce después del 1 de julio
El presidente, Gustavo Petro, solicitó una audiencia pública para discutir la iniciativa, mientras que la Procuraduría General de la Nación interviene tras un error procesal que obligó a cambiar al funcionario encargado de conceptuar sobre la norma.
El alto tribunal, que ya tiene una ponencia negativa sobre el caso del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, debería decidir antes de la fecha que tiene pensada el Gobierno de implementar la Ley de Pensiones. De no hacerlo, la reforma se aplicará sin un pronunciamiento definitivo sobre su constitucionalidad.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry explicó a *Colprensa* que la Corte Constitucional no tiene un plazo límite para fallar sobre la reforma y que su decisión tendrá efectos pro futuro.
“Las demandas se pueden presentar en cualquier momento, incluso muchos años después de expedida la ley”, indicó Charry.
Esto significa que, si el tribunal no emite una sentencia antes del 1 de julio, la reforma entrará en vigor, pero cualquier decisión posterior podría modular o incluso revertir sus efectos.
La discusión en la Sala Plena de la Corte Constitucional, que se esperaba para los próximos días, se aplazó al menos un mes debido a una serie de retrasos administrativos y la aceptación del impedimento de la magistrada Diana Fajardo.
Como resultado, el procurador general Gregorio Eljach deberá emitir un nuevo concepto sobre la constitucionalidad de la reforma, reemplazando el emitido anteriormente por Margarita Cabello, que fue anulado debido a un error en el trámite del caso.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte y ponente del proceso, explicó en entrevista con La W que el tribunal ya resolvió el impedimento de Fajardo y que el siguiente paso es definir si se concede la audiencia pública solicitada por Petro.
“Ese es un asunto que entrará en el plan de trabajo de esta semana o de la otra, y está pendiente de resolver”, afirmó Ibáñez.
El concepto del procurador Gregorio Eljach será clave en el debate. Aunque no es vinculante, las posturas del Ministerio Público suelen ser tenidas en cuenta en la Corte.
En este caso, se prevé que Eljach decida si mantiene la postura de su antecesora, quien pidió tumbar la reforma por vicios de trámite en la Cámara de Representantes, o si presenta una nueva interpretación.
El aplazamiento también genera incertidumbre sobre la composición de la votación. Con la salida de Diana Fajardo, la Corte queda con ocho magistrados habilitados para decidir.
Si se produce un empate a cuatro votos, la ley establece que se debe designar a un conjuez por sorteo para definir el caso.
La reforma pensional, impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro y aprobada bajo la gestión de la exministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez, ha sido objeto de más de 50 demandas ante la Corte Constitucional.
La que ha avanzado con mayor rapidez es la presentada por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien argumenta que la ley fue aprobada sin un debate adecuado en la Cámara.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo, dirigida por Iris Marín, defendió la constitucionalidad de la norma y solicitó a la Corte que la mantenga en pie.
La discusión se centra en el traslado del ahorro pensional de hasta 2,3 salarios mínimos al fondo público Colpensiones, una medida que ha generado tensiones entre las ramas del poder y los gremios económicos.
El tiempo apremia y la Corte Constitucional deberá decidir si prioriza el debate de la reforma pensional en su agenda.
Mientras tanto, el presidente Petro insiste en que se realice una audiencia pública para discutir la norma, en un contexto en el que las tensiones entre el Ejecutivo y el alto tribunal continúan en aumento.
(Colprensa)
