La convocatoria hecha por Andrés “Gury” Rodríguez, concejal de Medellín, y Andrés Escobar, concejal de Cali, ha desatado una fuerte controversia al promover la creación de una formación militar ciudadana, conformada por reservistas y civiles, para enfrentar la huelga.
Los cabildantes, conscientes de su responsabilidad civil y penal frente a los hechos de violencia que puedan generarse por cuenta de la violencia política que promueven, difundieron un video en redes sociales convocando a la ciudadanía y a la reserva activa a realizar una “formación militar” para, supuestamente, proteger el orden público en las principales ciudades del país.
El evento, programado para el miércoles 28 de mayo en la avenida San Juan de Medellín a las 4:00 de la tarde, ha sido interpretado por analistas y defensores de derechos humanos —quienes pidieron no publicar sus nombres por temor a represalias violentas— como un llamado irresponsable que bordea los límites de la legalidad e incita a la violencia y a la justicia por mano propia.
Entonces, ¿van a volver a salir a la quemar el país? Desde las regiones les decimos PÓNGANLA COMO QUIERAN, no vamos a permitir que vandalicen nuestras ciudades. Estamos firmes en la defensa de nuestro país y nuestro patrimonio.@escobarandres90 pic.twitter.com/4BlR1rntxD
— Andrés Gury Rodríguez (@AndresGuryRod) May 23, 2025
Según los propios concejales, el objetivo es “responder” a la huelga convocada por sindicatos y sectores sociales que apoyan al Gobierno Nacional.
«Vamos a llamar a la reserva activa y a todos los ciudadanos que salimos a marchar a defender nuestro departamento y nuestro municipio, y si nos toca enfrentarlos, lo vamos a hacer», afirmó Rodríguez en el video.
Por su parte, Escobar manifestó: “Aquí en el Valle del Cauca vamos a salir a defenderlo las veces que sea. La primera línea ni nada parecido se lo vuelve a tomar”.
Además, preocupa que uno de los promotores, Andrés Escobar, se encuentre aún bajo la lupa pública tras los hechos del estallido social de 2021, cuando fue grabado accionando un arma contra manifestantes, hecho por el que enfrentó procesos judiciales.
Este tipo de discursos ha generado alarma, pues recuerda los dolorosos antecedentes del paramilitarismo en Colombia, cuando civiles armados asumieron funciones de seguridad con nefastas consecuencias: violaciones de derechos humanos, desplazamientos forzados y miles de víctimas que aún reclaman justicia.
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Diversas voces de la sociedad civil, así como organizaciones defensoras de derechos humanos, han rechazado este tipo de iniciativas, toda vez que la violencia política y el lenguaje agresivo que se utiliza solo alimentan el odio y la supuesta justicia por mano propia.
Cabe señalar que la seguridad y el mantenimiento del orden son funciones exclusivas del Estado, a través de instituciones como la Policía Nacional y el Ejército, bajo los principios del monopolio legítimo de la fuerza y el respeto al orden constitucional.
El llamado a una supuesta «formación militar ciudadana» puede interpretarse como un intento de deslegitimar la protesta social y tensionar aún más el ya complejo clima político y social que vive el país. Las diferencias deben tramitarse por vías democráticas, no mediante amenazas o convocatorias que puedan derivar en confrontaciones violentas.
Ante este panorama, se hace un llamado a las autoridades competentes para que investiguen la legalidad de estas convocatorias y se garantice que tanto la protesta como la seguridad ciudadana se desarrollen en un marco democrático y de respeto por los derechos fundamentales.
Contactamos en Medellín al concejal Andrés Rodríguez y le formulamos las siguientes preguntas:
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¿Con qué fundamento legal convoca usted a una formación militar ciudadana, siendo esta una función exclusiva de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional?
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¿Cómo garantiza que esta convocatoria no derive en la conformación de grupos armados ilegales o en actos de justicia por mano propia?
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¿No considera que esta iniciativa puede avivar recuerdos del paramilitarismo y poner en riesgo la seguridad y la vida de los ciudadanos?
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¿Qué responsabilidad está dispuesto a asumir en caso de que, como resultado de esta formación, se presenten enfrentamientos o hechos violentos?
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¿Cree usted que incitar a “defender a toda costa” las ciudades va en contra de los principios democráticos y del respeto a la protesta social como derecho constitucional?
Las respuestas del cabildante resultaron flojas, evasivas e, incluso, podrían calificarse como infantiles. Argumentó que se trataba de “preguntas petristas”, rotulando el periodismo crítico como parte de un sector político, y cuestionó el hecho de que se le formularan interrogantes.
El concejal, conocido como “Gury” en Medellín, nos preguntó: «¿Qué clase de periodismo hacen?» La respuesta es clara: #PeriodismoContraPoder.
«Parta de la base de que yo convoqué ciudadanos y a la fuerza pública en buen retiro. No sé si eso, para usted, sean paramilitares. Periodismo bodeguero», sentenció el concejal.