Entre 2019 y 2023, más de 1.300 grupos y comunidades, en su mayoría indígenas, afrocolombianas y campesinas, solicitaron medidas de protección ante situaciones de alto riesgo derivadas de su labor en defensa del territorio, la vida y los derechos humanos, pero solo el 18 % obtuvo una respuesta efectiva.
El estudio “Análisis de la Implementación de la Ruta de Protección a Grupos y Comunidades en Riesgo”, realizado por la Contraloría General de la República, señala que las comunidades que solicitan protección deben esperar en promedio 203 días para que se evalúe su situación.
Durante ese mismo período, se radicaron 1.300 solicitudes de medidas de protección colectiva, pero únicamente 234 fueron atendidas. El informe advierte que la falta de enfoques diferenciales y la baja implementación de decisiones judiciales limitan el acceso efectivo a la protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Uno de los principales obstáculos identificados es la débil articulación interinstitucional y la escasa presencia del Estado en zonas rurales o de difícil acceso, lo que impide una respuesta oportuna para las comunidades en mayor riesgo.
El informe detalla que entre 2019 y 2023 se destinaron $1,29 billones a esquemas de protección, de los cuales el 93 % fue invertido en medidas individuales y solo el 7 % en acciones colectivas, a pesar de que estas últimas pueden ser más costo eficientes y de mayor alcance.
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En 2022, la UNP ejecutó $1,8 billones. De ese monto, el 77,7 % se utilizó para adquirir bienes y servicios como escoltas, vehículos y chalecos antibalas. Solo el 0,4 % fue destinado a proyectos de inversión para modernizar y fortalecer la capacidad institucional de la entidad.
Líderes sociales entrevistados durante la elaboración del estudio manifestaron su inconformidad con el actual modelo. Un representante indígena del Cauca, cuya identidad fue reservada por motivos de seguridad, afirmó: “Nos dan un chaleco, pero no detienen a quienes nos amenazan”.
Aunque la percepción sobre las medidas de protección es en general positiva, los encuestados señalaron fallas en la implementación de la ruta, especialmente en el enfoque diferencial.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo incluidas en el estudio, entre 2019 y 2024 fueron asesinados 1.068 líderes sociales, con un pico de 215 homicidios en 2022. Las víctimas incluyen líderes comunales, indígenas, afrodescendientes, sindicales y defensores de derechos humanos.
Los departamentos con mayores niveles de violencia, como Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Putumayo y Bogotá, coinciden con los territorios que presentan más solicitudes de protección, pero también con una marcada ausencia de seguridad integral.
La Contraloría concluyó que es necesario reforzar la articulación entre entidades públicas y destinar más recursos a esquemas de protección colectiva. También recomendó profundizar en mecanismos que respondan a las necesidades reales de las comunidades en riesgo y garanticen su derecho a la vida y a la defensa del territorio.
(Colprensa)
